El Ministerio Público solicitará 180 días de detención preventiva en la audiencia cautelar de la exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, quien arribó a la ciudad de La Paz tras ser aprehendida en Santa Cruz de la Sierra dentro de las investigaciones por el caso “gasolina basura o desestabilizada”.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la exejecutiva estaba a cargo de la revisión de los contratos suscritos por la petrolera estatal con compañías internacionales para la importación, provisión y posterior comercialización de carburantes en Bolivia.
“Son más de 88 indicios que se tienen dentro de lo que es el caso denominado gasolina basura. Estos indicios también sirvieron en su momento para librar la resolución de aprehensión. Todos los elementos e indicios van a ser expuestos” en la audiencia cautelar, declaró.
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Mariaca indicó que la Fiscalía presentará ante la autoridad jurisdiccional los elementos recolectados durante las primeras investigaciones para fundamentar la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, lo que permitirá sostener la solicitud de prisión preventiva.
El origen del caso se remonta a la adquisición de combustible por parte del Gobierno de Rodrigo Paz y la posterior detección de residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento. Según YPFB, estos elementos alteraron la composición de la gasolina y provocaron fallas en miles de vehículos.
Durán fue aprehendida la mañana del lunes tras prestar su declaración informativa en dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) de la ciudad de Santa Cruz. Este martes, fue trasladada a La Paz, donde será puesta ante un juez cautelar, que definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel.
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La exdirectora jurídica de YPFB enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros.
Las investigaciones por la causa penal alcanzaron al gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez; el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza; el gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto y, recientemente, al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Del total, solo Cuéllar y Medinaceli fueron beneficiados con detención domiciliaria.
El Gobierno atribuyó el incidente a una situación heredada de la anterior administración y a un supuesto boicot, mientras que una comisión parlamentaria identificó responsabilidades tanto de la gestión actual como de la administración del expresidente Luis Arce.