El líder político de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, propuso eliminar la norma que obliga a las gobernaciones destinar parte de sus recursos al financiamiento de la exploración de hidrocarburos, con el objetivo de fortalecer la economía de las regiones y avanzar en la aplicación del nuevo sistema de distribución denominado 50/50.
A través de sus redes sociales, sostuvo que el Gobierno puede comenzar a cumplir este año su compromiso de aplicar el nuevo programa estatal, mediante ajustes al Presupuesto General del Estado (PGE).
“No es imposible comenzar este mismo año ¿Cómo? Abrogando la ley que obliga a las gobernaciones a entregar fondos para la exploración de hidrocarburos”, escribió.
LEE TAMBIÉN: Ejército confirma deceso de dos militares y dos civiles tras emboscada de ‘jukus’ en Huanuni
Otras de las medidas que plantea Doria Medina es realizar cambios en la distribución del Impuesto a las Transacciones (IT) y la reducción de gastos en las empresas públicas y la transferencia de algunas de ellas a las gobernaciones.
El también empresario afirmó que estas modificaciones permitirían aliviar la situación financiera de los gobiernos departamentales, cuyos ingresos se han reducido en los últimos años por la caída de la renta hidrocarburífera.
Según dijo, contar con mayores recursos facilitaría la ejecución de proyectos en áreas como infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo.
LEE TAMBIÉN: Auditoría a gestión de Copa detecta presuntas irregularidades y Roca anticipa procesos
Además, Doria Medina consideró que el órgano Ejecutivo debe cumplir sus promesas de campaña, entre las cuales se encuentra materializar la redistribución equitativa de los recursos públicos. “Si el Gobierno prometió una distribución 50-50, es lógico que las regiones exijan que ese compromiso se refleje en el presupuesto”, manifestó.
En ese marco, solicitó al Senado rechazar el proyecto del PGE 2026 reformulado, aprobado por la Cámara de Diputados, ya que considera que el documento mantiene el actual esquema de asignación de recurso.
Sostuvo que una negativa de la entidad legislativa sería una clara llamada de atención al Gobierno de Rodrigo Paz para que “deje de postergar para más adelante las transformaciones que requiere el país”.

