El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que los 189,5 kilogramos de oro incautados en cuatro maletas en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, permanecen bajo custodia del Ministerio Público e instruyó la entrega de al menos cuatro informes oficiales y documentados sobre el operativo que permitió el decomiso del equipaje que contenía el mineral, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades.
En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el cargamento fue detectado durante un control final realizado por efectivos policiales, en coordinación con personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), lo que impidió que el mineral saliera del país en un vuelo chárter con destino a Emiratos Árabes Unidos.
La intervención se realizó la madrugada del miércoles, cuando la Policía recibió la alerta de la existencia de cuatro maletas bajo custodia de Adrián L. R., quien se encontraba acompañado por un funcionario de la Aduana Nacional y por el gerente del vuelo chárter en el que se pretendía trasladar el cargamento.
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El joven de 22 años quedó aprehendido y trasladado a celdas policiales.
Tras verificar la documentación, la Policía consultó al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom), que informó que el oro no contaba con registro válido, por lo que el caso fue derivado a la Unidad Anticorrupción.
Oviedo detalló que el código QR del formulario emitido supuestamente por Senarecom no pudo ser validado y que el formulario DEX tampoco figuraba en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA).
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De acuerdo con la documentación presentada, la exportación correspondía a la empresa Emporio Dorado S.R.L. e incluía 77 lingotes de oro con un peso declarado de 189,42 kilogramos.
La autoridad indicó que el oficial de turno ordenó retener la carga al detectar inconsistencia en los trámites presentados y aseguró que el Gobierno no encubrirá posibles hechos de corrupción ni irregularidades vinculadas con este caso.
“Sobre este caso, quiero informar que he instruido que, a la brevedad posible, se brinde información oficial en relación cronológica de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro y detalle de todas las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados”, afirmó.
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Oviedo también pidió copias de los registros de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Satélite Norte y un informe sobre el destino de los dispositivos electrónicos secuestrados durante el operativo.
«Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y, si hubiera responsabilidad, sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana», indicó.
Asimismo, requirió documentación verificable sobre el peso exacto del oro incautado, luego de que surgieran versiones que señalan que el cargamento sería superior a los 189,5 kilogramos inicialmente reportados.
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Según explicó, el dato oficial corresponde al primer informe elaborado por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, aunque reconoció que existen reportes que hablan de aproximadamente 22 kilogramos adicionales, aspecto que permanece bajo investigación.
Tras el hallazgo del cargamento, los reportes policiales iniciales hablaban de un solo aprehendido. Sin embargo, el director departamental de la FELCC, Jhonny Coca, reveló que el Ministerio Público tomó la declaración de otras cuatro personas que fueron liberadas posteriormente.
En la conferencia, la autoridad elevó el numero de implicados a seis, contando el único aprehendido del caso.
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Horas después, Senarecom emitió un pronunciamiento en el que confirmó que las verificaciones establecieron que el Formulario M-03 utilizado para respaldar el traslado del oro no fue emitido de manera oficial, por lo que carece de validez legal.
Ante ello, la institución formalizó una querella ante el Ministerio Público y anunció que continuará colaborando con las investigaciones
La investigación busca identificar a los responsables de la empresa exportadora y determinar el destino final del cargamento que pretendía abandonar el país con documentación presuntamente falsificada.