El senador de la alianza Libre, Branko Marinkovic, planteó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vuelva al esquema que tenía antes de la “nacionalización”, al asegurar que en ese periodo la empresa funcionaba bien y permitió encontrar gas y generar recursos para el país. El legislador calificó como un fracaso el proceso iniciado en 2006 y sostuvo que es momento de dejar de lado la política y pensar en el abastecimiento para los bolivianos.
“YPFB puede volver a lo que fue antes de la famosa nacionalización de Evo, donde funcionó muy bien porque convengamos todos: se encontró gas, empezó a explorar, salía gas, teníamos plata”, afirmó Marinkovic. Para el senador, la lógica es preguntarse qué es lo mejor para el ciudadano: que haya más gas, que no falte combustible y que pueda trabajar. “Si esto fracasó, ¿por qué no volvemos a lo que estaba funcionando?”, cuestionó.
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Marinkovic propuso que YPFB se dedique únicamente a participar en directorios y fiscalizar, y que salga del negocio de importación y comercialización de combustibles. Denunció que esa área se convirtió en “un antro de corrupción” y advirtió que mientras la estatal siga en ese rubro, el problema no se solucionará. “Yo insisto desde el día uno: Yacimientos tiene que salir de la comercialización. Hay una estructura que viene desde el que nos vende el combustible hacia abajo”, señaló.
El senador también pidió eliminar la Ley 1008, al argumentar que de esa forma se evitaría que el narcotráfico acceda a combustibles y se quitarían trabas para dar una solución rápida a la población. Sostuvo que mantener el control estatal solo genera investigaciones por corrupción en lugar de aprobar leyes que beneficien al país. “Nuestro tiempo en vez de aprobar ley buena vamos a estar investigando quién robó, quién no robó. Saquémoslo”, dijo.
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Finalmente, Marinkovic planteó que, si al Gobierno le cuesta tanto subsidiar el combustible, se deje el negocio en manos de privados y se les quiten los impuestos. “Cortémosle todos los impuestos, no nos va a costar plata”, afirmó. El legislador defendió que un nuevo modelo permita garantizar el abastecimiento sin que el Estado asuma costos ni riesgos empresariales que, a su juicio, derivan en corrupción.