La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reanudará esta semana sus actividades tras concluir el receso de medio año con al menos cinco tareas pendientes, entre las que destacan el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, resolver el tema de las elecciones judiciales, las propuestas del proceso de redistribución denominado “50/50”, y atender las iniciativas enviadas por el órgano Judicial.
El receso legislativo se extendió del 6 al 20 de julio, luego que el pleno aprobó la suspensión temporal de las actividades ordinarias el 3 de julio. Durante ese periodo, funcionó únicamente una comisión de emergencia para atender asuntos considerados urgentes.
El órgano Ejecutivo aprovechó el descanso para buscar acuerdos políticos con la finalidad de garantizar que el tan anunciado paquete de leyes de “reformas estructurales” sea aprobado sin tanto trámite. Entre esos proyectos están la Ley de Hidrocarburos; de Inversiones; de Minería; del Emprendedor Boliviano; Ley Electoral; de Reforma de la Justicia; de Seguridad Nacional; de Reducción del Estado y de la Burocracia y la nueva Ley de Electricidad.
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Con el reinicio de las sesiones ordinarias en las cámaras de Diputados y Senadores, el proyecto del PGE reformulado será uno de los primeros temas a debatir en la Cámara Alta, luego de que la Cámara Baja aprobó la iniciativa el 4 de julio, tanto en grande como en detalle, y la remitió para su revisión.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, remarcó la importancia de aprobar la norma, ya que permitirá habilitar recursos destinados a la ejecución de proyectos. En esa línea, el parlamentario de la alianza Unidad, Alejandro Reyes, advirtió que, de no aprobarse el reformulado, continuará vigente el presupuesto aprobado durante la anterior administración.
El proyecto plantea una serie de modificaciones al presupuesto vigente. Entre ellas figura la exención, por cinco años, del pago de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones, herramientas, maquinaria, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, de la construcción, transporte y minería.
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También contempla anticipos financieros para las entidades territoriales autónomas; la utilización de saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud (SUS); ajustes relacionados con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); inscripción de recursos específicos y un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas.
Además, la iniciativa incorpora medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal y la transparencia en la administración pública. El texto establece que el presupuesto reformulado tendrá vigencia únicamente durante la gestión fiscal 2026.
La propuesta también crea programas de saneamientos y sostenibilidad fiscal para las entidades territoriales autónomas que suscriban acuerdos con el Ministerio de Economía, lo que les permite acceder a mecanismos especiales para readecuar su situación financiera. Asimismo, modifica la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para reforzar el control de las asambleas legislativas departamentales sobre el uso de los recursos públicos.
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Otro de los puntos pendientes está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que debe dar continuidad al tratamiento del proyecto de ley para la convocatoria a elecciones judiciales, con el objetivo de cubrir las acefalias en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El proyecto se encuentra en su última fase, en detalle, para luego enviarlo al pleno de Diputados.