La promulgación del Decreto Supremo 5654, que elimina los descuentos por planilla para conceptos no establecidos por ley, entre ellos los aportes voluntarios a organizaciones sindicales, generó reacciones en diferentes sectores, sin embargo, hasta el momento, la Central Obrera Boliviana (COB) no emitió un pronunciamiento oficial.
El párrafo II del artículo 2 de la norma dispone que las instituciones públicas del nivel central del Estado dejarán de aplicar descuentos automáticos en los salarios de sus trabajadores por conceptos distintos a los autorizados expresamente por la disposición.
Anteriormente, las entidades retenían directamente los aportes sindicales de los trabajadores afiliados y luego transferían esos recursos a las organizaciones sindicales, que los destinaban al funcionamiento administrativo, organización de congresos y otros gastos. Con la nueva medida, cada afiliado deberá realizar su aporte de manera voluntaria e individual.
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Al respecto, el dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, expresó su rechazó y consideró que la norma constituye un ataque a los sindicatos. “El Gobierno se la ha agarrado con las organizaciones sociales”, dijo.
Anunció que solicitará a la dirigencia del ente matriz convocar a una reunión de emergencia para definir una posición oficial. A su criterio, la medida vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y afecta la independencia económica de las organizaciones sociales.
El Magisterio Urbano también rechazó el decreto. La nueva ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz, Anaí Bozo, afirmó que el sector asumirá medidas orgánicas contra la disposición del órgano Ejecutivo.
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“Nosotros rechazamos esta situación y lo vemos como una medida que intenta silenciar la voz de los trabajadores”, afirmó.
La dirigente reveló que el gremio administra aproximadamente 7 millones de bolivianos al año, los cuales financian el funcionamiento de la organización, el pago de personal, asesoría jurídica y beneficios para los afiliados.
Asimismo, Bozo informó que se iniciará una auditoría externa para conocer el destino de los recursos administrados por la anterior dirigencia, encabezada durante más de cuatro décadas por el frente Unión Revolucionaria de Maestros (URMA).
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En esa línea, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, Wilfredo Ajllahuanca, calificó la eliminación de los descuentos por planilla como un “golpe bajo” contra los sectores sociales y afirmó que el objetivo del Gobierno es debilitar al movimiento obrero.
Según el dirigente, la confederación administra entre 8 y 10 millones de bolivianos al año, los cuales –según dijo– son fiscalizados mediante informes económicos y auditorías presentadas en sus congresos.
«Con aportes o sin aportes nos vamos a seguir movilizando porque nosotros tenemos conciencia de clase», afirmó Ajllahuanca, quien expresó su preocupación por que la medida podría afectar los aportes destinados a la Mutualidad del Magisterio Nacional (Mumanal).
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Desde la región del Trópico de Cochabamba, el secretario ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare, Eduardo Yucra, señaló que la medida del Gobierno pretender “debilitar económicamente” a la COB, ya que no tendría efectos en organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Interculturales, las Seis Federaciones del Trópico, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), debido a que se financian mediante aportes directos de sus afiliados.
Por su parte, la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras) calificó la norma como un «decretazo» y advirtió que representa una restricción a la actividad sindical.
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El sector decreto el estado emergencia y convocó a los trabajadores a rechazar la medida, aunque reconoció que los alcances del decreto abarcan únicamente a entidades públicas del nivel central del Estado y que la Caja Nacional de Salud (CNS) tiene autonomía de gestión
Mientras distintos sectores cuestionan el Decreto Supremo 5654, la dirigencia nacional de la COB mantiene silencio sobre una disposición que modifica el mecanismo mediante el cual se recaudaban los aportes de miles de trabajadores del sector público.