El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, presentó este martes el proyecto de Ley de Fiscalización Parlamentaria, que busca establecer mecanismos, procedimientos y sanciones para fortalecer el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados Ruddy Pantaleón, Horacio Calisaya, Sergio Vásquez, Yazmín Guizada y Lily Zurita.
El proyecto tiene como objetivo establecer un marco jurídico integral que permita mejorar la atención de los requerimientos de información, realizar seguimiento a los resultados de la fiscalización y determinar responsabilidades ante el incumplimiento de las autoridades e instituciones sujetas a control parlamentario. Del Granado explicó que se busca superar las limitaciones actuales, incorporando instrumentos para no solo solicitar información, sino también verificar hechos y evaluar la gestión.
«Con esta propuesta se busca consolidar una fiscalización permanente, objetiva, técnica, transparente y responsable, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control democrático, sin afectar la separación de órganos ni las competencias constitucionalmente asignadas a otras instituciones del Estado», afirmó el legislador.
Entre sus componentes principales incorpora un sistema integral de instrumentos como investigaciones parlamentarias, inspecciones, auditorías legislativas, peticiones de informe escrito y oral, interpelaciones y rendición de cuentas, que podrán aplicarse de forma independiente o concurrente. Además, plantea fortalecer la participación ciudadana mediante denuncias, audiencias públicas, plataformas ciudadanas de fiscalización y observatorios sociales.
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La propuesta contempla también la creación de un Sistema de Fiscalización Parlamentaria Permanente para el monitoreo continuo mediante registros digitales e indicadores de cumplimiento, y establece garantías del debido proceso para las autoridades fiscalizadas, como el derecho a descargo y a recibir pronunciamientos fundamentados, preservando la separación de órganos y las atribuciones de otras instancias del Estado.