El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó mediante su defensa legal que el informe policial sobre sus negocios en Bolivia, durante el Gobierno de Luis Arce, sea excluido del proceso judicial que enfrenta en su país, dentro del caso Plus Ultra, relacionado a una compleja indagación respecto a una presunta red internacional de blanqueo de capitales, corrupción y tráfico de influencias
En el documento, presentado por el abogado Víctor Moreno, Zapatero pide al juez “José Luis Calama que saque de la causa el último informe policial aportado al caso, centrado en sus negocios en Bolivia”, informó el periódico español eldiario.es.
La defensa legal también solicitó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía de España, la devolución del informe sobre el supuesto despliegue de tráfico de influencias del exmandatario español en Bolivia para revertir una sentencia contra Soboce en un litigio millonario con la cementera Fancesa.
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Según el abogado de Zapatero, el reporte corresponde a “hechos ajenos al proceso judicial en España” y que su contenido sería “resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”.
Rodríguez Zapatero es el primer exjefe de Estado de la nación ibérica investigado por la justicia por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
De acuerdo con el informe de la UDEF, Zapatero recibió 200.000 euros como pago por interceder ante altas autoridades de Bolivia, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, en favor de la empresa Soboce, filial del conglomerado peruano Gloria. Se conoce que las investigaciones comenzaron después de que se detectaron tres trasferencias realizadas entre julio de 2024 y junio de 2025 a la cuenta personal del exmandatario extranjero.
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Los pagos, realizados en tres trasferencias –una de 100.000 y otros dos de 50.000–, presuntamente provienen de un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, compañía señalada por los investigadores como una “sociedad interpuesta” usada para justificar los traspasos que estarían vinculados a gestiones a favor del Grupo Gloria y Soboce.
Dentro de la controversia judicial entre cementeras, una Sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso una indemnización de 700 millones de bolivianos en beneficio de Fancesa, pero en 2025 una Sala Constitucional paralizó el proceso. El caso se encuentra en el Tribunal Plurinacional Constitucional (TCP).