La Central Obrera Boliviana (COB) decidió declarar “persona no grata” al diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, quien impulsa la aprobación de la denominada “Ley antibloqueos” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En respuesta, el legislador ratificó su iniciativa y recordó a la máxima dirigencia sindical los impactos de los 53 días de bloqueos en diferentes rubros del país.
A través de un comunicado, el ente matriz condenó y calificó de “irresponsables” las recientes declaraciones de Alarcón, quien insiste en posicionar su propuesta en la agenda oficial del órgano Legislativo para su respectiva consideración.
“En este momento crucial para el futuro de la patria, donde el Gobierno Nacional y los representantes de los trabajadores nos encontramos en un escenario de reconciliación y diálogo abierto, sus exigencias solo buscan sembrar discordia, desestabilizar la paz social y criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los sectores populares”, cuestionó el ente obrero.
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En ese marco, la COB consideró que las acciones legislador constituyen un “atentado directo contra la concertación nacional”. Por tanto, “resuelve declarar persona no grata para el movimiento obrero campesino”.
El diputado Alarcón no tardó en pronunciarse. A través de redes sociales, cuestionó los argumentos del ente sindical para justifica su determinación y remarcó los efectos de las medidas de presión que promovieron sus dirigentes desde inicio de mayo.
“Aunque usted no lo crea, la COB me declara persona no grata y dice que estoy atentando contra La Paz social por impulsar la Ley antibloqueos”, escribió.
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Recordó que las medidas de presión que promovió el ente matriz, junto con otras organizaciones, mantuvieron “secuestrados” a la población y restringidos derechos esenciales durante más de 50 días, generaron “daños humanos y económicos devastadores” y provocaron cercos a las ciudades de La Paz y El Alto, acompañados de actos de vandalismo y terrorismo contra personas y bienes públicos y privados.
“Y yo soy el que, según la COB, atenta contra la paz social de Bolivia. Insistiré en la próxima sanción de la Ley Antibloqueos en la ALP”, aseveró Alarcón.
Si bien el legislador de Unidad fue uno de los primeros en plantear una iniciativa para sancionar a aquellos que interrumpan la libre circulación, el conflicto social que paralizaron durante 53 días gran parte de la Red Vial Fundamental (RVF) y provocó un rechazo generalizado en la población, derivó en al menos una decena de proyectos, a nivel nacional, departamental y municipal, destinados a garantizar la transitabilidad y endurecer las sanciones contra los autores intelectuales y materiales del cortes de vías.
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El órgano Legislativo tiene pendientes de analisis otras cuatro propuestas legislativas. Beni es el único departamento que cuenta con una norma aprobada; en La Paz, el Concejo Municipal aprobó una ley de Libre Locomoción y Transitabilidad que no fue promulgada, mientras que las asambleas departamentales de Cochabamba y Santa Cruz debatirán en los próximos días propuestas para garantizar la libre circulación.
La iniciativa de Alarcón –presentada en diciembre de 2025– plantea prohibir los bloqueos e incrementar las penas de entre tres y 20 años de cárcel, de acuerdo a la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
El diputado solicitó a la directiva de la Cámara de Diputados incluir la propuesta en una sesión plenaria, debido a que ya habría vencido el plazo para su tratamiento en comisiones.