El Gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció que trabaja en regularizar las deudas acumuladas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las cuales ascienden a 500 millones de dólares, que corresponden en su mayoría, a obligaciones pendientes de anteriores gestiones.
La autoridad indicó que mantienen gestiones y negociaciones con proveedores, empresas petroleras y operadores del sector para honrar las obligaciones pendientes. Aclaró que la deuda de la compañía estatal no solo está relacionada con la provisión de carburantes, sino también con la operación de campos petroleros.
“En gran parte, estos 500 millones que se han acumulado tienen que ver con deudas de gestiones pasadas como 2023, 2024 y 2025. A nosotros nos toca asumir esa responsabilidad porque es una responsabilidad institucional”, afirmó.
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El martes, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que el Estado boliviano mantiene una deuda aproximada de 500 millones de dólares por la compra de combustibles bajo la modalidad de financiamiento otorgado por empresas proveedoras internacionales.
Detalló que el suministro se realiza “a crédito” por parte de las compañías Vitol y Trafigura, aunque señaló que no es un préstamo tradicional. “No es préstamo, pero nos están financiado los proveedores”, declaró.
Los pagos de los contratos observados se realizan en un plazo de hasta 120 días y el monto asciende a “aproximadamente 500 millones de dólares”. En paralelo, anunció que YPFB impulsa un proceso de licitación para ampliar el número de proveedores y diversificar las fuentes de abastecimiento.
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El ministro Espinoza garantizó el cumplimiento de los pagos adeudados sin afectar la implementación de medidas para estabilizar la económica. En ese marzo, afirmó que se avanza en el ordenamiento de la política cambiaria y monetaria para fortalecer la capacidad financiera del Estado.
“Todo está plenamente asegurado, se va a seguir pagando, porque estamos ordenando la política cambiaria y monetaria”, sostuvo.
El pronunciamiento de la autoridad surge en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el abastecimiento interno de diésel y gasolina, que generó críticas y ajustes en la gestión gubernamental. A finales de marzo, el otrora ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció la suspensión de los contratos con Vitol y Trafigura, en medio de la crisis por la baja calidad de los carburantes importados.
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Pese a ello, el Gobierno mantuvo operaciones con ambas compañías bajo un nuevo esquema de financiamiento. Desde el Ministerio de Hidrocarburos insisten en que el sistema de provisión a crédito es una práctica habitual en el comercio internacional de combustibles, aunque el saldo acumulado generó interrogantes sobre la capacidad de pago del Estado boliviano en el corto plazo.