Los representantes de siete de las nueve brigadas parlamentarias aprobaron una resolución conjunta en la que expresan su respaldo al Estado de excepción, decretado por el presidente Rodrigo Paz, para enfrentar la conflictividad social y solicitaron otras medidas complementarias para garantizar el resguardo del orden constitucional, entre ellas la aprehensión del expresidente Evo Morales y activar procesos contra los principales promotores de los bloqueos de 50 días.
La resolución fue suscrita por legisladores de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni, quienes se comprometieron a impulsar iniciativas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) orientadas a evitar escenarios con cortes de rutas prolongados y otras medidas de presión que, según afirmaron, afectan los derechos esenciales de la población, la economía nacional y la estabilidad del Estado.
“La segunda reunión de coordinación de brigadas parlamentarias expresa su respaldo institucional a las medidas constitucionales adoptadas por el Estado, destinadas a preservar el orden público, la estabilidad democrática, la seguridad interna y la protección de los intereses nacionales”, declaró el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Fernando Parejas, quien dio lectura a la resolución.
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Entre los puntos aprobados, los parlamentarios solicitaron el cumplimiento de las disposiciones judiciales y fiscales relacionadas con el expresidente del Estado, Evo Morales, instando a las autoridades competentes a ejecutar las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
Demandaron también una intervención “inmediata” en la región del Chapare, en Cochabamba, incluyendo la militarización de la zona, bajo el argumento de prevenir nuevos hechos de sedición y garantizar el respeto al orden público.
“Se solicita a los entes encargados de la seguridad y administración de justicia la intervención y militarización inmediata de la localidad del Chapare, con la finalidad de evitar nuevos levantamientos y sedición al Estado”, agregó el parlamentario.
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La resolución también pide al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar procesos legales contra el senador de la alianza Unidad, Nilton Condori, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, Vicente Salazar, a quienes atribuyen responsabilidad en los conflictos y bloqueos registrados durante las últimas semanas.
Asimismo, entre los puntos aprobados por las brigadas parlamentarias figuran la demanda de la renuncia del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por considerar que su actuación durante las movilizaciones fue insuficiente; garantizar el suministro de materiales esenciales, como alimento, medicamentos y combustible; esclarecer el hallazgo de droga proveniente de Bolivia en países vecinos; exigir al Gobierno brindar detalles sobre el acuerdo firmado con la COB e impulsar la aprobación de una norma para evitar nuevos bloqueos.