La Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral que condena los intentos de injerencia externa en el conflicto social que atraviesa Bolivia, en referencia al caso del grupo de políticos y activistas argentinos que pretendía ingresar al departamento de La Paz para “monitorear” la crisis y recoger testimonios sobre vulneraciones de derechos humanos durante las movilizaciones.
“Tuvimos una resolución camaral muy importante sobre la injerencia que intentó haber en nuestro país con la presencia de parlamentarios y activistas que venían en una no misión oficial del país hermano, sino que venían con la intención de generar mayor convulsión en el país”, afirmó el presidente del Senado, Diego Ávila, en conferencia de prensa.
La autoridad legislativa rechazó la intervención internacional en conflictos internos del país y remarcó que los impases producidos en territorio nacional deben ser resueltos mediante el diálogo.
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El 15 de junio, un grupo conformado por políticos, dirigentes y activistas de la izquierda argentina, intentó ingresar a la ciudad de El Alto para desarrollar funciones de una misión de derechos humanos en torno al conflicto social que este viernes cumple 50 días. Sin embargo, personal de Migración impidió su salida del aeropuerto internacional del municipio, argumentando el incumplimiento de requisitos establecidos por la ley.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno señaló que el grupo de extranjeros llegó al país tras recibir la invitación de parlamentarios bolivianos para monitorear los conflictos sociales y el bloqueo de carretera que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, pero no contaba con acreditación que avalaba su autodenominada condición de “misión de derechos humanos”.
Los políticos y activistas defendieron su ingreso y actividades en territorio nacional con el documento formal de invitación legislativa, lo que no justificaba sus pretensiones en el país, por lo que tuvieron que abordar un vuelo a la ciudad de Santa Cruz para luego retornar a Argentina.
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El Gobierno argumentó que las restricciones aplicadas responden únicamente a criterios legales y administrativos. La propia administración del presidente argentino, Javier Milei, compartió la decisión boliviana.
Ávila aclaró que el desencuentro con la delegación argentina no afectará las relaciones con el país vecinos ni con otras naciones, ya que la incursión de los políticos y activistas responde a un “juego político para tratar de complicar la situación del país”.
Asimismo, la declaración camaral – que es un pronunciamiento oficial que expresa la posición institucional del Senado– establece la necesidad de activar una investigación profunda que esclarezca la participación de autoridades bolivianas en el caso.
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“Aparentemente ha habido algunos parlamentarios que, haciendo uso de instrumentos formales del Parlamento (Asamblea), hubiesen invitado a esta gente a venir al país”, expresó Ávila.
Los diputados Milton Morales, Rodolfo García, Helen Patricia Patiño, Margarita Mendoza y Sonia Siñani, junto con los senadores Yudith Rosario García, Richard Espada y Ana María Crispín, son apuntados como los responsables de tramitar la presencia de los activistas argentinos.
La Cámara de Diputados también emitió una posición similar sobre la incursión de la delegación argentina en territorio nacional.

