La justicia dispuso medidas sustitutivas para un hombre que solicitó a los trabajadores de la estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol) la suma de Bs 2.000, cada uno, para el presunto pago a manifestantes que bloquean las carreteras hacía el departamento de La Paz para suspender las medidas de presión. El sindicado argumentó que “representaba” a un diputado nacional y contaba con el “aval” del gerente técnico de la empresa.
De acuerdo a un boletín institucional, el hecho ocurrió el 12 de junio en las oficinas principales de la empresa públicas, ubicada en Oruro, el hombre –identificado como Wilson C.H. – ingresó a las instalaciones y pidió a los funcionarios el monto en cuestión con la finalidad de “pacificar a los bloqueadores y comunarios de la zona”.
“En Cartonbol se presentó el señor Wilson pretendiendo cobrar 2.000 bolivianos con la excusa de que teóricamente era pagarles tanto a los bloqueadores y a los comunarios para el levantamietno de bloqueos”, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano.
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Tras verificar de forma inmediata que ni la gerencia técnica, ni el legislador mencionado tenían conocimiento de las acciones de esta persona, Cartonbol activó sus protocolos de seguridad. El hombre fue retenido hasta la llegada de efectivos de la Policía para su posterior traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Oruro.
“Actualmente, el individuo se encuentra con medidas sustitutivas por el presunto delito de concusión”, indica el reporte de la cartera de Estado.
En conferencia de prensa, el ministro Justiniano informó que un parlamentario se encuentra implicado en el caso, aunque no reveló su nombre para evitar que la investigación se contamine. Sin embargo, adelantó que esta no sería la única denuncia, sino que se trata de un “modus operandi” con sucesos registrados en otras instituciones públicas.
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El otro caso se registró en el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP). En mayo se identificó que siete funcionarios realizaban pagos irregulares equivalentes al 30% de sus salarios en favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas.
Según el boletín, los aportes ilegales eran solicitados bajo el argumento de que ingresaron a trabajar por recomendación de dicha autoridad indígena. Tras evidenciar el delito, los siete funcionarios fueron destituidos de manera inmediata
Justiniano enfatizó que en la cartera de Estado ni en entidades dependientes “nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada”.