En el inicio del día 42 de la crisis social que atraviesa el país, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convocó a representantes provinciales y municipales a una reunión para sellar un “pacto social por la paz y la reconciliación”.
De acuerdo a un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el encuentro busca frenar la espiral de violencia tras cinco semanas de bloqueo de carreteras y movilizaciones que generaron “sufrimiento” y profundizaron “divisiones y dejarán heridas difíciles de sanar y reencauzar”.
“Hemos convocado de manera urgente a representantes provinciales y municipales a un pacto social por la paz y la reconciliación. Tenemos la esperanza de encontrar alternativas para frenar la alta tensión y conflictividad que afectan a Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del departamento de La Paz”, indica el documento firmado por el obispo de El Alto y secretario de la CEB, monseñor Giovani Arana, y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
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Ambas instituciones expresaron su optimismo de que los temas consensuados “sirvan de base para establecer puentes entre los actores en conflicto”.
Además, exhortaron a todos los involucrados en el conflicto a deponer actitudes que obstaculicen posibles salidas al conflicto y participar del encuentro “con espíritu de reciprocidad y complementariedad”.
“No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa”, finaliza el comunicado.
El pronunciamiento institucional se produce cuando el país atraviesa la sexta semana consecutiva de bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, grupos afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del primer mandatario, Rodrigo Paz.
Los cortes afectan rutas estratégicas y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias ciudades.
En medio de la crisis, el jefe de Estado promulgó la ley que regula los Estados de excepción, que establece el marco legal para una eventual participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de control interno cuando la situación lo requiera. En paralelo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, acusó a Morales de impulsar las protestas con financiamiento del narcotráfico y con apoyo que trasciende las fronteras del país.