El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, envió una nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que realizó observaciones sobre el tratamiento del proyecto de ley relacionado con los estados de excepción y recordó que cualquier medida de este tipo debe sujetarse a la Constitución Política del Estado.
La autoridad señaló que la CPE establece que la declaratoria de estado de excepción no puede aplicarse de manera libre, sino bajo un marco legal claro que defina sus alcances, límites y condiciones. Callisaya expresó preocupación por la abrogación de la Ley 1341.
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“Es una limitación de derechos que debe estar reglada y no es una facultad discrecional. Ahí nace también el peligro de los alcances de la medida, porque no habría posibilidad de generar un control efectivo de la aplicación de la fuerza”, sostuvo el defensor. En ese contexto, remarcó que toda disposición debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La Defensoría del Pueblo también recordó que Bolivia debe cumplir los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana.
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Ante la situación, la institución reafirmó que continuará vigilando y defendiendo los derechos fundamentales con independencia y autonomía en todo el territorio nacional.