El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su profunda preocupación por la prolongación del conflicto social y su impacto en los derechos humanos. La autoridad alertó que Bolivia se encuentra “al borde del precipicio” debido a la falta de entendimiento entre el Gobierno y los sectores movilizados, en medio de más de 25 días de tensión en el país.
Callisaya hizo un llamado a las autoridades y a los sectores movilizados para recapacitar y priorizar la convivencia pacífica frente a la afectación de derechos fundamentales. Recordó que toda medida de presión en un Estado democrático debe tener límites claros, especialmente cuando se vulneran derechos esenciales como la salud y la vida.
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El defensor detalló que las movilizaciones han generado graves afectaciones, entre ellas la interrupción en el traslado de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos médicos, además del desabastecimiento de combustibles y el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar. Estas condiciones golpean con mayor fuerza a los hogares más humildes, pacientes críticos, niños y adultos mayores.
“Mientras el Gobierno cree que dialogar es rendirse, los sectores movilizados parecen creer que sentarse a hablar es traicionar su lucha. Y nadie quiere parecer débil ante el otro”, sostuvo Callisaya. Para él, la población necesita recuperar la normalidad: “El pueblo quiere comer, quiere trabajar, quiere restablecer la normalidad cotidiana”.
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Finalmente, exhortó al cese inmediato de toda acción violenta y pidió “cuidar la vida por sobre cualquier interés político, sectorial o institucional”. También demandó al Ministerio Público el esclarecimiento de los decesos, heridos y agresiones contra trabajadores de la prensa registrados en el contexto del conflicto. “No podemos seguir confrontándonos entre bolivianos”, concluyó.