El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado, Hugo Domingo Ramos, anunció que el sector presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para garantizar la libre transitabilidad en las carreteras del país. Ramos señaló que los bloqueos recurrentes generan perjuicios económicos y humanos que los transportistas ya no pueden sostener. “Nosotros como transportistas estamos viviendo una zozobra inmensa. No sé cómo estamos sobreviviendo en las carreteras sin una buena alimentación, sin poder bañarnos”, declaró.
El dirigente denunció que los comunarios han tomado a los camioneros como “prisioneros” o “rehenes” en los puntos de bloqueo y criticó la falta de respuesta del Gobierno a sus pedidos de ayuda humanitaria. Recordó que el sector participó en la mesa de diálogo con el ministro de Gobierno y solicitó a Defensa Civil la dotación de raciones secas, sin obtener respuesta. Ramos comparó la situación actual con la de 2024, cuando los bloqueos se extendieron por 160 días, y advirtió que en esta ocasión ya suman ocho días de paralización.
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Ramos informó que el transporte pesado inició un proceso penal contra los responsables de los daños ocasionados durante las medidas de presión. Además, deslindó a la Central Obrera Boliviana de representar al sector, al afirmar que no representa al 82% de los trabajadores cuenta propia. Pidió al presidente y al ministro de Gobierno retirar la personalidad jurídica a la COB, a la que acusó de ser cómplice del desastre económico por su vinculación con distintos gobiernos.
El dirigente hizo un llamado directo al Ejecutivo para que convoque a un diálogo formal y emita las invitaciones correspondientes. “Si no hubiera respuesta a las invitaciones, vamos a pedir al Estado boliviano que se dicte el estado de excepción, porque estamos corriendo riesgo”, afirmó. Sostuvo que los camioneros han recibido amenazas de daño a sus herramientas de trabajo y exigió garantías para continuar operando.
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Finalmente, Ramos reiteró que el transporte pesado apuesta por el diálogo como salida a la crisis, pero exigió acciones concretas del Gobierno. Señaló que la aprobación de una Ley de libre transitabilidad es necesaria para evitar que el sector siga siendo perjudicado por conflictos que, según dijo, no representan sus intereses.

