El cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB), realizada este viernes en la avenida Panorámica de la ciudad de El Alto, decretó el inicio de un paro general indefinido con movilizaciones a escala nacional desde este 2 de mayo, en medio de advertencias de la dirigencia de mantener la medida hasta que el Gobierno atienda la totalidad de su pliego petitorio.
Incluso, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió con radicalizar las medidas de presión «hasta que el Gobierno dé un paso al costado”, en caso de no lograr la atención inmediata de su pliego de demandas
“A partir de hoy se declara el paro general indefinido movilizado hasta que el Gobierno atienda el pedido del pueblo hasta que el Gobierno atienda los pedidos del pueblo. Y si no cumple que se vaya a su casa, carajo”, expresó Argollo ante una multitud de asistentes, marcando el tono del encuentro sindical.
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La concentración estuvo precedida por una marcha de los maestros que partió desde Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz, el avance de la columna indígena que inició hace dos semanas en Pando y, recientemente, por una movilización de la dirigencia del ente obrero que dio paso al inicio del encuentro.
El cabildo también estuvo marcado por algunos episodios polémicos, como el anuncio anticipado del paro indefinido por parte de Argollo antes de la lectura final de resoluciones y ciertas inconsistencias en el conteo de los puntos del contenido.
En total 16 resoluciones fueron aprobadas por el cabildo que abarcan una amplia gama de demandas económicas, políticas, sociales e institucionales.
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Si bien la implementación de un aumento salarial del 20% era una de las principales demandas de la COB, esta no aparece de forma explícita en el documento final, pero tiene un punto que exige “la reposición del poder adquisitivo de la moneda nacional” mediante incrementos salariales, alivios tributarios, créditos accesibles y medidas de contención del costo de vida.
El primer punto de la resolución exige Constitución Política del Estado (CPE), la independencia de los órganos del Estado y rechaza cualquier forma de manipulación judicial o instrumentalización de las leyes con fines políticos. Posteriormente, el encuentro demanda la realización inmediata de elecciones judiciales, con el objetivo de reemplazar a las autoridades prorrogadas, a las que consideran contrarias al orden constitucional.
El tercer y cuarto punto establece la defensa de las empresas estratégicas del Estado, prohibiendo cualquier intento de privatización, terciarización o recorte presupuestario; y la obligación de que el 100% de las divisas generadas por exportaciones privadas sean entregadas al Banco Central de Bolivia (BCB), como medida para enfrentar la escasez de dólares y estabilizar el tipo de cambio.
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“Conminar al Gobierno nacional a la restauración del valor adquisitivo de la moneda nacional mediante un incremento salarial justo, alivios tributarios, créditos flexibles e indexado obligatoriamente al costo real de la canasta familiar actual”, indica el quinto punto del documento final.
Las determinaciones del cabildo también plantean la defensa de la normativa laboral vigente, rechazando cualquier forma de flexibilización que implique despidos o la pérdida de conquistas históricas, y rechazan la aplicación de reformas tributarias que afecten a pequeños comerciantes, artesanos y trabajadores por cuenta propia, exigiendo el mantenimiento de regímenes simplificados.
Uno de los puntos más sensibles en el octavo punto, que demanda una jubilación equivalente al 100% del promedio salarial, junto con el control obrero de las medidas de la Gestora Pública sobre los fondos de pensiones.
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Según los organizadores del cabildo, la institución estaría utilizando estos recursos como “caja chica” del Estado, por lo que exige mayor transparencia y control social sobre su administración.
El pliego también incluye la prohibición de exportar alimentos esenciales mientras no se garantice el abastecimiento interno y la estabilidad de precios, así como la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras, con la demanda de redistribución hacia campesinos y trabajadores que las hacen productivas.
El pliego también exige mayor inversión estatal en comunidades indígenas, campesinas e interculturales, además de garantizar educación y salud públicas, gratuitas y con financiamiento estatal. Este punto marca la posición firme de la COB respecto a las medidas que impulsa al Gobierno, al considerar cualquier proceso de descentralización de estos servicios como una forma de privatización encubierta.
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“Ordenar una investigación exhaustiva independiente sobre los casos ‘narcomaletas’, irregularidades en accidentes aéreos, como en la ciudad de El Alto, la comercialización de combustibles de baja calidad, denominado combustibles basura, con sobreprecio que daña la economía popular, destruye el parque automotor nacional”, dice el doceavo punto del documento.
Otro de los puntos es el rechazo a proyectos de ley denominados “antibloqueos”, que –según la COB– buscan criminalizar la protesta social. En caso de su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la organización advirtió con intensificar las movilizaciones a nivel nacional.
Finalmente, el cabildo conminó al Gobierno a cumplir sus promesas electorales, particularmente, la referida a la reducción de salarios en el servicio público, como medida de austeridad ante la crisis económica. En su lugar, exigen que esos recursos sean destinados a la salud y la educación.
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“Ratificar el compromiso de unidad orgánica e inquebrantable de la Central Obrera Boliviana, manteniendo el sentado de apronte y la movilización en las calles hasta que el pliego petitorio sea atendido en su totalidad”, dice el punto 16 del documento.
El cabildo no contó con la validación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como establece la normativa para este tipo de decisiones, y se realizó en paralelo de los actos oficiales por el Día del Trabajador en Cochabamba, donde el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, cuestionó que las demandas sindicales se concentren principalmente en pedidos salariales, sin abordar con la misma fuerza la falta de empleo y el aumento de la informalidad.
“Todos salimos o no sale nadie”, advirtió Argollo, al tiempo de llamar a la unidad de las organizaciones sociales afines a la COB y no descarta radicalizar las medidas si no hay respuesta del Ejecutivo.