La Procuraduría General del Estado (PGE) activó un proceso de evaluación y auditoría integral a todos los arbitrajes internacionales que enfrentó y enfrenta el Estado boliviano, con el objetivo de identificar y sanciones contra los responsables por “adoptar malas políticas de defensa”.
“Estos procesos no surgen de forma espontánea; tienen su origen en decisiones políticas de gestiones anteriores. El objetivo es sancionar a los responsables si se adoptaron malas políticas de defensa«, afirmó el subprocurador Marcelo Longaric.
El proceso de fiscalización tiene como finalidad analizar el origen de las controversias y las decisiones que las motivaron, identificar fallas en la estructura de la gestión jurídica y administrativa previa, además de fortalecer la defensa actual del Estado en los procesos que continúan vigentes.
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Las medidas de la PGE surgen luego de conocerse la sentencia de la Tribunal Supremo de los Países Bajos que rechazó la solicitud de Bolivia de anular el laudo arbitral internacional a favor del banco español BBVA, que obliga al Estado boliviano a pagar una indemnización de 105 millones de dólares por la nacionalización del fondo de pensiones en 2010.
En ese año, el entonces presidente Evo Morales nacionalizó el sistema de pensiones que estaba controlado por BBVA y el grupo suizo Zúrich, cuyas filiales pasaron a manos del Estado.
En 2018, el BBVA comenzó el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 dictó un laudo arbitral que obligaba a Bolivia a indemnizar a ese banco con 105 millones de dólares por el «retraso injustificado» en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
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La nueva gestora de pensiones del Estado asumió finalmente el control del sistema en 2023.
Ante ello, el procurador general del Estado, Hugo León, aseguró que la institución está desplegando sus capacidades técnicas y humanas para analizar cada proceso internacional y precisó que las auditorías determinarán si las estrategias de defensa fueron las adecuadas.
«Una vez concluidas estas auditorías y determinados los responsables del daño económico, el Gobierno nacional iniciará las acciones de repetición correspondientes para recuperar los fondos del Estado”, dijo.
Respecto al caso sentencia adversa por el caso de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), el procurador afirmó que se agotaron todas las instancias legales en dicho proceso arbitral, lo que derivó en una obligación jurídica consolidada e irreversible.