Un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) revela que, de un universo de 67 empresas públicas del país, al menos 15 se encuentran en “quiebra técnica” y acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos, además de un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos.
En conferencia de prensa en La Paz, el presidente de la OFEP, Pablo Camacho explicó que esas 15 firmas nacionales operan con pérdidas sostenidas, baja generación de ingresos propios y una creciente dependencia del endeudamiento.
Las cifras reflejan, según indicó, el resultado de un modelo que apostó por la sustitución de importaciones mediante inversión estatal, financiada en gran parte con recursos públicos.
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Camacho detalló que el diagnostico clasificó el estado de las empresas estatales en tres niveles de criticidad: alta, media y baja. Entre las empresas que presentan falta de liquides y problemas de endeudamiento figuran Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Mutun, Mi Teleférico, Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la Empresa Metalúrgica Karachipampa, Quipus, Yacana y Papelbol.
Uno de los casos críticos es la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), que tiene un nivel de endeudamiento de -401,39 %; es decir, sus deudas totales superan el valor de todos sus activos.
De acuerdo con la OFEP, en las últimas dos décadas se destinaron más de 73.000 millones de bolivianos –equivalentes a 10.000 millones de dólares–, provenientes de las reservas internacionales, en créditos para financiar estas iniciativas.
“En los últimos 20 años se han dilapidado más de 73.000 millones de bolivianos en créditos destinados a empresas que no han generado retornos productivos significativos”, detalló.
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Camacho cuestionó la eficiencia de los gastos realizados. Recursos que, según dijo, pudieron haberse orientado a infraestructura, salud, educación o incluso a la creación de un fondo soberano para enfrentar shocks externos.
Agregó que mientras algunas empresas estratégicas lograron consolidarse, otras no alcanzaron escala ni competividad, operando con altos costos y baja eficiencia, lo que generó un sistema heterogéneo, donde conviven proyectos viables con otros altamente deficitarios.
Las cifras están elaboradas con información de 2024, por lo que esperan las conclusiones de las auditorías instruidas al conjunto de las empresas para actualizar su estado, que están distribuidas en Utilidades, Ingresos, Estados Financieros y Créditos.
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Al ser consultado sobre el futuro de las empresas en situación críticas o con problemas de endeudamiento, Camacho indicó que cada caso será analizado de manera individual. En el caso de firmas estratégicas, como YLB, las autoridades responsables del área serán las encargadas de realizar el análisis correspondiente.
“Se realizará un análisis técnico de cada empresa. Las que no cumplan criterios de sostenibilidad tendrán que ser cerradas y liquidadas”, afirmó.
Durante la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, estableció un plazo de 90 días para valorar los informes técnicos que permitan tomar decisiones sobre el futuro de cada una de las empresas estatales.
En caso de cierre, señaló que el mecanismo dependerá del método de creación: aquellas constituidas por decreto serán disueltas por la misma vía, mientras que las creadas por ley requerirán aprobación del órgano Legislativo.