Bolivia deberá pagar una indemnización de 105 millones de dólares al banco español BBVA luego de perder, de manera definitiva, un arbitraje internacional relacionado a la nacionalización del sistema de pensiones, según reporte del portal El Español. El reciente fallo del Tribunal Supremo de los Países Bajos consolidó la resolución del 2022 que rechazó la solicitud del Estado boliviano de anular el laudo arbitral.
El caso surge en 2010 cuando el Gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar la administración del sistema privado de pensiones que, hasta entonces, estaba en manos de entidades privadas como Previsión, BBVA AFP. La medida derivó en la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, sin embargo, el proceso demoró más de una década debido a que el Estado tuvo problemas en el traspaso de los datos informáticos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La controversia internacional no estuvo orientada en la nacionalización, sino en la forma en cómo se ejecutó. Según la entidad privada, el proceso de transición fue desordenada, con demoras prolongadas, incertidumbre jurídica y decisiones que afectaron directamente sus operaciones.
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En 2018, BBVA llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando trato arbitrario durante el proceso. En 2022, el Ciadi falló a favor del banco y ordenó al Estado boliviano pagar una compensación de 105 millones de dólares.
Pese a que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) intentó anular la resolución del tribunal en instancias judiciales internacionales, primero en La Haya y luego ante la máxima instancia judicial de Países Bajos, todos los recursos fueron rechazados.
Según el reporte del portal, la decisión del Tribunal Supremo es definitiva y no admite nuevas apelaciones, lo que obliga a Bolivia a cumplir con el pago. Además, el laudo arbitral instruye al Estado nacional a cubrir los costos del proceso internacional.
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El banco sostuvo en su momento que su reclamo no se centraba en la nacionalización, sino en la forma del traspaso al sistema público que –según su versión– fue “caótico y perjudicial. En tanto, el Gobierno defendió su derecho soberano a recuperar el control del sistema de pensiones e insistió en que no se valoraron sus alegatos sobre las dificultades en la transición.
Hasta el momento, BBVA no ha emitido comentarios públicos sobre la decisión final. Entretanto, el Estado boliviano enfrenta ahora la obligación de cumplir con el pago.
El pago de la indemnización agrega presión sobre la administración del presidente Rodrigo Paz, que impulsa un nuevo reformas para mejorar las ya maltrechas finanzas públicas, en un escenario marcado por la escasez de divisas, tensiones en el abastecimiento de combustibles y cuestionamiento a la nueva política económica.