En su informe oral ante la Cámara de Senadores, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, responsabilizó al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y al exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, por la distribución de combustible de mala calidad.
Según la autoridad, ambos exaltos funcionarios conocían de las deficiencias en el combustible, pero no informaron a los equipos de transición que preparaban el cambio de gobierno.
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“Ellos sabían que ya tenían problemas de calidad y durante el periodo de transición el equipo de transición no comunicó esto a nosotros que estábamos recibiendo el Gobierno”, declaró la autoridad.
En su intervención, Medinaceli expuso una carta de la Cámara Automotor Boliviana, con fecha 25 de septiembre de 2025, que fue enviada a la anterior gestión de YPFB y la ANH, alertando sobre quejas de usuarios y talleres por “fallas de encendido recurrentes, pérdida notable de potencia en motores, daños que obligaban al reemplazo de piezas, riesgo de daños irreversibles en motores”.
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La entidad vinculó estos problemas con la calidad de la gasolina comercializada en el país, que —según sus análisis— estaría por debajo de estándares internacionales.
En respuesta, según dijo el ministro, tanto Dorgathen como Callaú respondieron a las notas de la institución con una propuesta para conformar mesas de trabajo.
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En ese sentido, la autoridad anunció que el Gobierno iniciará procesos contra ambos, luego de que una investigación interna en YPFB detectó documentación que demostraría que ambos exfuncionarios tenían conocimiento de la situación. Ante ello, informó que 410 personas fueron desvinculadas de la compañía: 360 en enero y el resto en febrero.
Agregó que la empresa estatal ya dispuso pesquisas para establecer responsabilidades tanto de exautoridad como de trabajadores activos. “Había funcionarios dentro de YPFB que sabían de este tema y no hicieron nada”, aseveró.
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El ministro brindó un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia, donde respondió un pliego de 17 preguntas presentado por legisladores. La fiscalización surgió tras varias semanas de reclamos y protestas, particularmente del sector del transporte, por fallas y daños en decenas de vehículos debido a combustible de baja calidad.
Para Medinaceli, estos antecedentes evidencian que el problema era conocido antes del cambio de gobierno e, incluso, es una muestra del “boicot interno” que denunció el presidente del Estado Rodrigo Paz, a inicio de semana.
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Asimismo, el titular de la cartera de Estado explicó que otro factor identificado fue la falta de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de combustible. Según YPFB, algunos presentaban acumulación de sedimentos y oxidación debido al uso prolongado y a que durante la gestión anterior no se lograba llenarlos con regularidad.
Medinaceli también explicó que otro factor identificado fue la falta de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de combustible. Según YPFB, algunos presentaban acumulación de sedimentos y oxidación debido al uso prolongado y a que durante la gestión anterior no se lograba llenarlos con regularidad.
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Según el ministro, cuando el Gobierno de Paz consiguió mayores volúmenes de gasolina y diésel, y llenó los tanques, el aumento de combustible provocó desprendimientos de oxidación en las paredes internas, generando impurezas en el carburante.
Entre las medidas correctivas adoptadas, mencionó el aumento en la frecuencia de análisis de calidad en toda la cadena logística, el endurecimiento de los controles, la reducción de limites permitidos de gomas y manganeso, el aislamiento de los tanques con problemas y la implementación de un plan de limpieza.
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De igual forma, la actual gestión inició la incorporación de aditivos químicos para reducir impurezas, elevar el octanaje y ayudar a limpiar los inyectores.
En paralelo, Medinaceli informó que YPFB contrató a la empresa brasileña Intertek para realizar una auditoría técnica, ya que –según reportes preliminares– atendieron un problema similar registrado en el país vecino, lo que apuntaría a una causa técnica.
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Respecto a los daños ocasionados a los vehículos, el ministro dijo que la petrolera estatal cuenta con un seguro que se activa en caso de contingencias. Los afectados pueden registrar sus reclamos en una plataforma habilitada desde el 4 de marzo, ingresando datos como el número del del Registro Único Automotor, el carnet de identidad o el del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), además de reportar los daños.
Los casos serán evaluados según su gravedad, enfatizó la autoridad.
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El pago de las compensaciones se cubrirá mediante un sistema de reaseguro internacional, que respalda a la aseguradora cuando los daños superar su capacidad financiera. Hasta el momento, el sistema recibió 1.752 reclamos completos, 600 placas fueron rechazadas y se registraron unas 6.600 interacciones, lo que refleja que cerca de 6.700 personas ya iniciaron el trámite.
Finalmente, Medinaceli aclaró que la mezcla de gasolina con etanol es una práctica utilizada en varios países y que en Bolivia está regulada por la Ley 1098 de 2018, que permite una mezcla de hasta 12%.
De acuerdo a su explicación, el aditivo ayuda a elevar el octanaje del combustible y mejorar el rendimiento de los motores. Acotó que la designación del actual presidente de YPFB, Yussef Akly, es una atribución directa del presidente Paz, por lo que su despacho no tiene facultades para decidir sobre su permanencia en el cargo.