El movimiento cívico y organizaciones sociales de Tarija realizaron la tarde de este miércoles una marcha en contra de actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquía, tras el ingreso de un convoy de Petrobras-Bolivia y la Policía, la Fiscalía activó ya dos procesos penales contra comunarios que impedían la entrada al área protegida.
La movilización fue convocada por el Comité Cívico de Tarija luego de la presencia de efectivos policiales que rebasaron a un grupo de pobladores del área protegida en un punto de vigilia para permitir el ingreso de personal de firmas privadas para iniciar labores de deforestación en la comunidad de Saicán.
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“Exigimos a las autoridades gubernamentales el repliegue inmediato de las petroleras para que no se agrave el problema”, declaró el presidente del comité cívico juvenil, Fernando Leytón.
El representante advirtió que esta marcha representa el inicio de las medidas de presión en defensa del área protegida.
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En esa línea, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, afirmó que las instituciones y organizaciones movilizados otorgaron 72 horas al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yusef Akly, acudan a la capital de Tarija para explicar el proyecto exploratorio DMO-X3.
Gira indicó que es el momento de que el Gobierno “se sincere” con la ciudadanía del sur del país y conozca en qué condiciones se otorgaron la licencia ambiental a favor de la empresa para iniciar labores de exploración.
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Según un informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el proyecto de pozo exploratorio DMO-X3 en el Área San Telmo Norte, en inmediaciones de la Reserva Nacional de Tariquía, fue otorgado como “área reservada” de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante Decreto Supremo 3107 sobre una extensión de 95.250 hectáreas.
La norma fue aprobada por el Gobierno de Evo Morales en marzo de 2017 y, un año después, la petrolera estatal firmó el contrato con Petrobras con una participación del 60% y la subsidiaria YPFB Chaco con el 40%.
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El dirigente cívico aclaró que los sectores movilizados no se oponen al proyecto socializado en el pasado, que se encuentra fuera de la reserva natural, pero la demanda de varios cabildos realizados en la región es única: “Tariquia no se toca”.
Durante la marcha cívica se escucharon estribillos en contra del presidente del Estado, Rodrigo Paz, por incumplir su compromiso de defender la reserva natural, después de la firma de un acta en 2019, cuando todavía era alcalde de la ciudad de Tarija.
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El conflicto por el área protegida inició el lunes, cuando personeros de la empresa Petrobras-Bolivia irrumpió en el sector a través de un punto de vigilia instalado en la zona de Quebrada ‘Las Vacas’ con ayuda de un contingente de la Policía. En el ínterin se registraron momentos de tensión y choques con los uniformados.
Ante estos hechos, la Fiscalía activo un proceso penal en contra de 16 comunarios bajo los cargos de asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo. La empresa, en su denuncia, sostiene que los bloqueos y las acciones que impiden el avance del proyecto afectan directamente su derecho a circular y a trabajar.
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Ante ello, Petrobras-Bolivia decidió recurrir a las autoridades e instancias correspondientes, activando acciones legales e institucionales para defender sus derechos, asegurando que lo hará dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos.
Asimismo, a través de un comunicado, la firma internacional aseguró que cuentan con todos los permisos legales para ingresar al área San Telmo Norte y dar continuidad con el DM0-X3.
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Además, remarcaron que los trabajos “están localizados fuera de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía”.
Petrobras Bolivia, que opera en el país hace 29 años, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del país, el respeto a la ley y el diálogo constructivo con todos los actores involucrados.