La alianza Libre expresó su preocupación por un supuesto intento del presidente del Estado, Rodrigo Paz, de gobernar “al margen” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y de la Constitución Política del Estado (CPE) con los decretos supremos 5503 y 5515, los cuales calificó como “inconstitucionales”.
A través de un comunicado oficial, la principal fuerza política de oposición en el órgano Legislativo considera que las recientes acciones del mandatario podrían derivar en “prácticas autoritarias incompatibles con el sistema democrático”.
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“Desde la ALP, la alianza Libre impulsará acciones e iniciativas necesarias para reconducir ambos decretos al marco constitucional vigente, considerando que presentan vicios de inconstitucionalidad que requieren un filtro y control legislativo. Asimismo, expresamos nuestra preocuación por los intentos del presidente Rodrigo Paz de gobernar al margen del Parlamento y de la Constitución, que podrían derivar en prácticas autoritarias incompatibles con el sistema democrático”,
Para la alianza Libre, el Decreto 5503 –que establece una serie de medidas para afrontar la crisis económica– carece de un “análisis técnico, económico y social responsable respecto al alcance de varios de sus artículos, particularmente aquellos vinculados a la administración de empresas estatales y la gestión de créditos sin control del órgano Legislativo”.
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La Central Obrera Boliviana (COB) rechaza la normativa y encabeza las medidas de presión que demandan su abrogación. Otras organizaciones sociales, como mineros, fabriles y maestros, se sumaron a las protestas tras observar el un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales, estipulado en la resolución.
“Esta omisión ha generado legitimas protestas sociales y un clima de incertidumbre que afecta gravemente a las actividades económicas y productivas del país”, dice el pronunciamiento del frente político que, además, exhortó a Paz y al vicepresidente Edmand Lara “a adoptar, con urgencia, soluciones que eviten mayores perjuicios a la estabilidad económica y social de Bolivia”.
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Asimismo, la alianza de oposición cuestionó el Decreto 5515 –que autoriza a Paz gobernar desde el exterior limitando las funciones del Vicepresidente– y recordó que la Constitución determina el mecanismo de suplencia temporal de la Presidencia, la cual no puede ser interpretada, “para justificar conflictos o diferencias personales”.
“La Constitución no puede ser desconocida, relativizada ni interpretada de forma acomodativa para justificar conflictos o diferencias personales entre el presidente y vicepresidente. En la actual coyuntura, no es la Constitución la que debe adaptarse a los gobernantes, sino que estos sean quienes deben someter su conducta y decisiones al mandato constitucional”, afirma.
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Finalmente, consideró que ambos decretos tienen vicios de inconstitucionalidad y anunció que impulsará acciones e iniciativas necesarias para “reconducir” ambas normativas al marco constitucional vigente.
En los últimos días, el Gobierno de Paz sostuvo reuniones con otros sectores —como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas— para sumar respaldo a la medida y reafirmó, en diversas ocasiones, que está abierto al diálogo con las organizaciones movilizadas, principalmente la COB.
Para este miércoles, el órgano Ejecutivo convocó una nueva reunión en la que se instalarán mesas técnicas para discutir el alcance de la norma.