Tras las recientes declaraciones del exmandatario Evo Morales, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ratificó la vigencia del mandamiento de aprehensión emitido contra la exautoridad y afirmó que “en cualquier momento” la Policía cumplirá con la medida dispuesta por la Fiscalía de Tarija.
“Como ustedes bien conocen, en su contra pesa una orden de aprehensión, la cual, como lo habíamos manifestado, en el momento que se dé la oportunidad y haya en las condiciones, la Policía va a dar cumplimiento a la misma”, aseveró la autoridad en contacto con los medios de comunicación.
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Morales sostuvo, a través de redes sociales, que recibió una invitación formal para el acto de investidura presidencial de Rodrigo Paz, previsto para el 8 de noviembre en La Paz, sin embargo, pidió “garantías” para asistir y anular el proceso en su contra por los delitos de por trata y tráfico de personas con agravante y estupro.
“Pido garantías para poder concurrir a dicho evento levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado«, manifestó el exmandatario.
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Según Morales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “por principios de justicia y legalidad” y tal como ocurrió en procesos contra exautoridades investigadas por la crisis de 2019, debe disponer el cierre de sus causas judiciales abiertos –según dijo– por motivos de persecución y proscripción.
El ministro Ríos remarcó que mientras la orden de aprehensión continúe vigente, la Policía Boliviana tiene la obligación de dar cumplimiento a la medida y recordó que cualquier solicitud para anular el mandamiento judicial debe gestionarse “a partir de sus abogados patrocinantes ante la instancia respectiva”.
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A finales de octubre, la Fiscalía Departamental de Tarija presentó la acusación formal contra Morales por trata y tráfico de personas con agravante y aguarda que un juez señale fecha y hora para el inicio del juicio contra el exmandatario.
La orden de aprehensión contra el también líder de la agrupación política “Evo Pueblo” está vigente desde octubre de 2024. Desde entonces, la exautoridad permanece atrincherada en la región del Trópico de Cochabamba y resguardado por simpatizantes locales.

