Este lunes 29 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América de Sur solicitó al Gobierno de Ecuador y a las organizaciones sociales e indígenas un “diálogo urgente”, luego de conocerse la muerte de un manifestante debido a las protestas del pasado domingo contra la eliminación del subsidio de diésel que fue decretado por el presidente del Ecuador Daniel Noboa.
«Instamos al Gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente, a fin de evitar una escalada de la conflictividad y encontrar soluciones«, señaló el representante regional Jan Jarab, en un comunicado.
La Oficina de la ONU lamentó la muerte del comunero Efraín Fuerez, de la nacionalidad indígena kichwa, ocurrida el domingo en la localidad de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones.
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y la que convocó a las protestas, catalogó a esa muerte como «un crimen de Estado«, al señalar que Efraín Fuerez fue asesinado por disparos de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, Jarab señaló que el Estado debía «investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente«, garantizando «el acceso a la justicia para su familia y comunidad«.
#Ecuador🇪🇨@ONU_derechos instó a un «diálogo urgente» tras hechos de violencia en el marco de recientes protestas.
🔸Representante Jan Jarab urgió a investigar la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez y los reportes de personas heridas.
Detalles: https://t.co/C5XvLp4TGf pic.twitter.com/vWA7lWYW97
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) September 29, 2025
El representante regional también solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en este contexto, incluidos 12 militares.
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La Oficina recordó que el Estado «es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden» y tiene la obligación de investigar «de manera eficaz, imparcial y oportuna un posible uso ilícito de la fuerzaSubsidio u otras violaciones de derechos humanos por agentes del orden» en el contexto de las manifestaciones.
«Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos«, advirtió Jarab.