El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, formalizó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por presuntas irregularidades y sobreprecios en la importación de combustibles a través de contratos firmados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), causas investigadas dentro del denominado caso Botrading.
“Este diputado (se refiere a si mismo), en el Gobierno en ejercicio del MAS, estamos enjuiciando al presidente Luis Arce Catacora por un concurso de delitos: falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y Legitimación de Ganancias Ilícitas”, declaró el parlamentario al momento de presentar el memorial en ventanilla.
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Aseguró que la subsidiaria Botranding, con sede en Paraguay, es una “empresa fantasma” que rubricó 12 contratos de suministro de diésel y gasolina, generando un perjuicio económico al Estado estimado en más de $us 250 millones.
Según Cuéllar, una ciudadana paraguaya, quien presuntamente figura en planillas de la empresa Botrading, con un capital bajo llegó a facturar más de $us 830 millones a través de contratos firmados por la estatal petrolera. Además, sostuvo que Arce tenía conocimiento del caso desde 2023.
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“Hay 12 contratos de suministro de diésel y gasolina. No es posible que en un contrato haya un excedente de 170 millones de dólares que se beneficie a Botrading y la ganancia de esta empresa fantasma son de $us 60 millones, haciendo un total de $us 250 millones”, manifestó.
La Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo a la normativa vigente, tiene el lapso de 20 días para analizar la proposición de acusatoria y, en caso de admitirla, emitir un requerimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se requiere de dos tercios para activar un juicio de corte contra el jefe de Estado.
Cuéllar afirmó que existe consenso entres las bancadas de la ALP para impulsar el proceso. Asimismo, anunció que en los próximos días gestionará una orden de captura internacional contra la súbdita paraguaya para que brinde su declaración por este caso.
Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial que investigó las presuntas irregularidades en el suministro de combustible de Botrading a YPFB, y remitió el caso a la Contraloría General del Estado (CGE). El diputador de oposición, Carlos Alarcón, indicó que la indagación no solo evidenció indicios de corrupción, sino también de “lavado de dinero”.
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En respuesta, la estatal petrolera negó irregularidades en los procesos de contratación y expresó su disposición para someterse a una auditoria externa.