Nueva detención preventiva para el exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, esta vez por «el delito de legitimación de ganancias ilícitas». La decisión fue tomada la tarde de este martes por el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, que ordenó su reclusión en el penal de San Pedro.
Según explicó la fiscal María René Delgado, durante la audiencia se acreditó que Murillo recibió recursos económicos producto de intermediaciones en contrataciones estatales para la compra de gases lacrimógenos entre 2019 y 2020. “Se ha emitido una resolución de acusación fiscal toda vez que se ha acreditado que el ciudadano Arturo Murillo ha captado dineros obtenidos a partir de la intermediación en las contrataciones”, afirmó.
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Según se informó, los fondos habrían sido resguardados en cinco cajas de seguridad alquiladas por Murillo en un banco nacional, una operación que fue detectada cuando el exministro realizó un movimiento financiero desde el extranjero.
Asimismo se dio a conocer que la acusación formal sostiene que el manejo de estas cajas fue delegado a su excuñado, Daniel Leonardo Aliss Paredes, y que también se registraron depósitos de terceros, lo que derivó en la aprehensión de otra persona implicada: Ivar Víctor Gómez Apata.
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Ante este tema el fiscal Delgado, añadió: “(…) el señor Murillo, a través de sus familiares y de miembros de su exgabinete, habría adquirido bienes inmuebles, para tratar de dar este origen lícito a estos dineros obtenidos de forma ilegal”, complementó la autoridad.
En agosto de 2022 se declaró en rebeldía a Murillo, aunque no se solicitó entonces su aprehensión. Recién a fines de 2023 se formalizó el caso y se avanzó hacia el juicio oral.
Por su parte, el abogado defensor, Jaime Tapia, declaró que todos los bienes del exministro fueron embargados, y que actualmente “el único lugar que tiene para dormir es el penal de San Pedro”. Este caso se adhiere a otros procesos judiciales que enfrenta el exministro de Gobierno, como ser: ‘gases Brasil’ (plazo de 6 meses), ‘gases Ecuador’ y ‘catering’.