En un golpe sorprendente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado documentos que detallan un supuesto acuerdo entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar drogas hacia Norteamérica. Según las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y la del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría liderado una organización delictiva conocida como el Cartel de Los Soles, que operó en colaboración con las FARC durante más de dos décadas.
El informe judicial revela que esta alianza criminal facilitó el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de armamento military. El fiscal federal Geoffrey S. Berman describió esta relación como una «asociación de narcoterrorismo» que buscaba inundar el mercado estadounidense con drogas mientras enriquecía a sus miembros. Además, se menciona que altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal y Cliver Antonio Alcalá, participaron en la conspiración para coordinar el transporte y distribución de cocaína.
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La justicia norteamericana también señala que las FARC y el Cartel de Los Soles utilizaron rutas marítimas y aéreas para transportar la droga. Los envíos marítimos partían desde la costa venezolana hacia el Caribe y Centroamérica, mientras que los envíos aéreos se llevaban a cabo desde pistas clandestinas ubicadas principalmente en el estado de Apure. Además, se reveló que miembros de las FARC y del Cartel de Los Soles habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos para facilitar el transporte de drogas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elevado la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 25 millones de dólares, después de haber sido de 15 millones desde 2020. Esta medida se tomó tras la polémica toma de investidura de Maduro el 10 de enero de 2025, que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional.
En respuesta a estos documentos, Maduro ha rechazado las acusaciones y ha calificado a las investigaciones como una «conspiración política» orquestada por Estados Unidos para desestabilizar su gobierno. Sin embargo, la comunidad internacional sigue observando de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la política y la seguridad en la región.