Mario Tadic es uno de los sobrevivientes de las ejecuciones que se perpetraron en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra. Cuando se refiere al caso, dice que estos son recuerdos que han marcado su vida y que revivirlos son como volver a sufrir esa “tortura”.
Ahora, quiere que su caso llegue a la Corte IDH, con lo que descarta un posible acuerdo con el Estado boliviano.
Por estos hechos, en octubre del 2022 se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Evo Morales en este caso. Una de las recomendaciones para Bolivia fue abrir un proceso por ejecuciones y torturas.
“Realmente no estoy seguro de qué esperar, porque tenemos una experiencia muy fea y decepcionante con lo que es la Justicia en Bolivia”, dijo este martes en un contacto con UNITEL desde Hungría.
“Mi única esperanza es que esta vez la Fiscalía haga un trabajo profesional e independiente para llegar a los culpables intelectuales y materiales de todas las violaciones de derechos humanos que sufrimos”, acotó.
Tadic evitó dar nombres sobre quienes deben ser enjuiciados por estos hechos. “Respeto el principio de inocencia”, dijo, algo “que no se respetó con mi persona, con (otras) ocho personas” y que será la Fiscalía y la Justicia la que determinará las responsabilidades.
Sobre la indemnización que ha solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, calificó esto como una pérdida de tiempo que se ha alargado durante dos años sin ningún resultado, por lo que decidió que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Hemos decidido directamente ir a la Corte y hemos solicitado que no se dé más plazos al gobierno boliviano”.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH publicó un informe en el que evidencia ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos en el operativo de 2009.
Además, establece recomendaciones al Estado boliviano, entre ellas la reparación económica a las víctimas, la rehabilitación, la satisfacción, una investigación y modificar la currícula en instituciones como la Fiscalía y la Policía.