La Paz, 11 oct (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo, este 11 de octubre, cuando se recuerda el Día de la Mujer Boliviana, observa y lamenta la ausencia de planes de gobierno y de acciones concretas en torno a los derechos, garantías y necesidades de las mujeres en los programas presentados por las distintas fuerzas. Únicamente dos partidos políticos, Comunidad Ciudadana y el MAS-IPSP, incluyeron esta temática en sus propuestas.
En un análisis realizado por la Institución Defensorial, se ha evidenciado que las propuestas programáticas de las fuerzas políticas que participan del actual proceso electoral, propuestas analizadas, no contemplan mecanismos, medidas ni políticas integrales ni innovadoras para la prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia.
No obstante que en el país, sólo en 2018 y 2019 se registraron 130 y 117 feminicidios, respectivamente, llevando a manifestaciones de repudio de diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como de la institución defensorial, en la búsqueda de nuevas medidas estatales viables, efectivas y sostenibles más allá de quien gobierne, parece ser que para los partidos políticos la lucha contra el feminicidio no es una prioridad.
El elevado registro de feminicidios en los primeros días de 2020, conllevó a que el Gobierno transitorio declare la presente gestión como “Año de la Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio”; pese a ello, desde enero a la fecha, los feminicidios alcanzaron a la cifra de 88 a nivel nacional y más de 18.464 casos relacionados a violencia contra la mujer. La Defensoría del Pueblo lamenta que estas cifras pasaron desapercibidas para los partidos políticos que pretenden llegar a ser gobierno.
El análisis de la institución defensorial a los programas políticos, ha evidenciado además, que en ellos no se tomaron en cuenta ni las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales (CIDH, Corte IDH, ONU), que alertaron que la situación de encierro podría generar la violación a los derechos humanos de las mujeres y por ello era urgente contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.
Lamenta, asimismo, que los planes de gobierno no tomaron en cuenta los derechos sexuales y reproductivos, siendo que las mujeres aun encuentran obstáculos para el ejercicio pleno libre y satisfactorio de estos derechos, pese a existir instrumentos internacionales, de los que es signatario el Estado boliviano, los cuales fueron reconocidos por mandato constitucional, el cual establece y garantiza a hombres y mujeres el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
El Estado boliviano, debe brindar todas las garantías, para que las mujeres tengan la certeza de estar resguardadas a momento de decidir libremente, autónoma e informada sobre su cuerpo y sexualidad; a la identidad sexual; a la confidencialidad de la información personal de los servicios de salud sexual y reproductiva a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Asimismo, debe brindar las condiciones para la toma de decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia; a decidir sobre el número de descendencia hijas y/o hijos que se desean y el espaciamiento de tiempo entre un embarazo y otro, a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción de emergencia; a acceder a servicios de salud para garantizar la interrupción legal del embarazo y a una maternidad segura, entre otros derechos.
Los programas de los partidos políticos, salvo en el caso del MAS-IPSP, tampoco contemplan propuestas relacionadas con la economía del cuidado y uso del tiempo, que en el contexto de la pandemia ha cobrado mayor fuerza y relevancia, puesto que el cuidado de las personas enfermas o necesitadas de especial atención (niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad) ha recaído en las mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, sin que exista un reconocimiento social o económico para tales tareas.
Se ha observado que bajo la coyuntura de las actuales elecciones generales, algunos frentes políticos utilizan la figura de la mujer para atacar a los candidatos, lo que vulnera la integridad y dignidad de las mujeres; o que producto de los debates existentes se recurra a reforzar la división sexual del trabajo o la eliminación de la ideología de género, aspectos superados históricamente y que únicamente refuerzan la discriminación hacia las mujeres.
La Defensoría del Pueblo exhorta a los partidos políticos a dejar de lado los discursos machistas, patriarcales y discriminatorios en contra de las mujeres, que lo único que genera es naturalizar la subordinación de éstas en la sociedad, mostrando una actitud de poder y dominio sobre ellas, desconociendo que las mujeres por principio legal, deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
Más allá del partido político que asuma la conducción del país, es deber del Estado boliviano adoptar medidas estatales ya sean de desarrollo normativo o de políticas públicas, que brinden un marco de seguridad hacia las mujeres que les permita vivir una vida libre de violencia.
*La Paz, 11 de octubre de 2020*