México, 9 Sep (EL PAÍS).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado este miércoles un revés a la política migratoria de México y Estados Unidos. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha criticado este lunes el endurecimiento de las medidas impuestas por ambos Gobiernos para contener el flujo de inmigrantes desde Centroamérica. «Están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos», ha afirmado la expresidenta chilena, que ha calificado el viraje en la gestión regional de la migración como un «retroceso». Las declaraciones de Bachelet llegan en la víspera de la reunión que sostendrá la Cancillería mexicana con sus homólogos estadounidenses para discutir el acuerdo migratorio de junio pasado, en el que el Gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a la amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas si el país demostraba en 90 días que podía frenar la inmigración irregular.
Bachelet ha sido particularmente crítica con EE UU y ha puesto el foco en la separación familiar y la vulnerabilidad de los niños que se ven obligados a abandonar sus países. «En una nación construida a base de recibir migrantes, recientes medidas han reducido su protección, lo que me preocupa profundamente, especialmente la continuada separación de niños migrantes de sus padres», ha dicho Bachelet, en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño».
La alta comisionada también cuestionó la legalidad del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), la política unilateral de EE UU que establece que los solicitantes de asilo deben esperar en México a que una Corte estadounidense decida si su petición procede. «Los acuerdos para devolver personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados», ha sostenido Bachelet. El protocolo, conocido informalmente como «Quédate en México», ha sido duramente cuestionado por la capacidad del país latinoamericano de ofrecer condiciones seguras y dignas para los solicitantes y ha sido señalado por abogados y activistas fronterizos como parte de una estrategia disuasoria de Washington contra el creciente número de solicitudes desde Centroamérica.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el viernes pasado que las detenciones en la frontera sur de EE UU habían caído un 56% entre mayo y agosto, de acuerdo con datos preliminares de la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza. El periodo de cuatro meses se enmarca en el inicio de las amenazas que Trump había lanzado a México hasta los últimos datos disponibles. Esta es la principal carta de México de cara a la reunión bilateral en Washington para desterrar los fantasmas de una guerra arancelaria con su principal socio comercial, a donde envía tres cuartas partes de sus exportaciones y de donde recibe el 94% de sus remesas.
La Cancillería mexicana defiende que su gestión de los ataques de Trump ha sido exitosa y justifica el endurecimiento de su política migratoria como un ajuste apegado a sus propias leyes e interés nacional. Ebrard mandó el mensaje de una contención eficiente y de responsabilidades compartidas hacia EE UU, pero insistió en el apego a los derechos humanos y las pocas denuncias que se han presentado al respecto para contrarrestar las críticas en el interior del país.
Al mismo tiempo, México aún promueve el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, una especie de plan Marshall para atacar las causas estructurales de la migración y promover el empleo y la inversión en el istmo centroamericano. El plan ha sido respaldado por varios Gobiernos y organismos internacionales entre ellos Cepal, el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe, pero ha tenido problemas para garantizar los fondos que lo conviertan en una realidad en el terreno. La exigencia mexicana es que la Casa Blanca ratifique su compromiso de apoyarlo y, sobre todo, lo materialice en inversiones concretas.
«Las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país», ha enfatizado Bachelet. Las declaraciones de la responsable de la ONU desde Ginebra marcan el tono de la crítica en torno al nuevo pacto migratorio entre México y EE UU, pero dan cuenta de lo que está detrás: cientos de miles de personas en tránsito en lo que va de año, un sistema de colapsado, una puerta cada vez más estrecha para el llamado «sueño americano» y la capacidad de México y otros países de la región de ofrecer alternativas a los 800.000 que abandonaran sus hogares e intentarán cruzar desde la nación norteamericana este año.