El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, reveló que los representantes de la Cámara de Senadores recibieron un chip de teléfono -tarjeta SIM- de la estatal Entel con crédito mensual de Bs 620, para titulares, y Bs 300, para suplentes, además de internet ilimitado. Este beneficio representa al Estado un gasto de más de Bs 390.000 por año, según el legislador.
“Mediante acta se nos han hecho la entrega de unos chips de Entel con un crédito Bs 600 cada mes (para los titulares) y con un crédito de Bs 300, cada mes, para los senadores suplentes (…) si hacemos una sumatoria mensual y anual, estamos erogando un gasto al país de Bs 697.440”, declaró el legislador a través de un video en redes sociales.
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está constituida por 36 senadores y 1.390 diputados titulares e igual número de suplentes.
Veliz explicó que el beneficio es otorgado por la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores y genera un gasto mensual de Bs 22.320 para la totalidad de los asambleístas titulares y de Bs 10.800 en el caso de los suplentes.
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Por ello, Veliz oficializó su renuncia a este patrocinio y reflexionó al resto de sus colegas sobre la necesidad de anular el gasto que implica al Estado, como una muestra de empatía con la población en un contexto donde crisis económica y ajustes impulsados por el Gobierno.
“He tomado la decisión de devolver, mediante una nota, este chip de Entel con un crédito de Bs 600 y más de 30 gigabytes. En ese sentido, instó a las señoras y señores senadores del Estado Plurinacional a renunciar a este beneficio, como una muestra clara de empatía, desprendimiento y compromiso con la realidad que vive el pueblo boliviano”, expresó.
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Veliz afirmó que las actividades que realizan los legisladores debe ser considerado como una vocación de servicio a la población, en lugar de un espacio de privilegios.
Los legisladores reciben un salario mensual de Bs 23.000, mientras que sus suplentes perciben Bs 8.000, cifra que registrará un incremento importante esta gestión, ya que el Gobierno fijó en Bs 3.300 el salario mínimo nacional en compensación por el retiro de la subvención a los combustibles y, en consecuencias, el alza de los precios de los carburantes.