En la previa del inicio del cabildo nacional denominado “Por una Bolivia digna y soberana”, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, afirmó que la movilización busca expresar la unidad de los trabajadores y posicionar demandas en defensa de los derechos sociales y económicos ante la falta de respuestas del Gobierno.
“El pueblo boliviano se siente preocupado porque la canasta familiar no mejora, el combustible ha dañado los motorizado de nuestros compañeros del sector transporte y no hay responsable. El Gobierno no da soluciones estructurales a la crisis y, lastimosamente, hay un pueblo que está molesto”, afirmó.
El dirigente encabezó una marcha del ente obrero que partió en horas de la mañana rumbo a la avenida Panorámica Norte, a la altura del Teleférico Rojo de la ciudad de El Alto, para dar inicio al cabildo que se realizará en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.
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Remarcó que la participación de las organizaciones sociales afines al ente obrero será calve para determinar las futuras acciones ante las nuevas políticas y reformas impulsadas por el Gobierno. “Hoy, el pueblo va a hacer conocer de manera puntual que rumbo quiere para nuestro país”, dijo.
“Las decisiones que se van a tomar van a ser ley para los dirigentes”, agregó Argollo.
Entre las principales demandas que impulsa la COB está el incremento del salario básico en un 20% y la oposición al cierre de empresas estatales deficitarias, lo que la entidad considera una «privatización encubierta». Ambos puntos serán puestos a consideración del cabildo.
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La concentración también abordará temas vinculados al respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), la defensa de los recursos naturales, el rechazo a la privatización de empresas públicas y la protección del voto soberano.
Asimismo, se prevé el análisis de puntos relacionados con la reactivación del aparato productivo, políticas estructurales, inversión en el área rural y apoyo a sectores vulnerables.
La agenda de 11 puntos también incluye el análisis de la situación de la salud y la educación pública, la responsabilidad estatal ante actos considerados inconstitucionales, la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación y el cumplimiento de promesas electorales.
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El Gobierno respondió el miércoles que tiene disposición de dialogar, pero que no retrocederá en asuntos «estructurales» que representen un cambio para el país y que el tema salarial se resolvió a principios de año, cuando, tras el retiro de la subvención a los combustibles, el salario mínimo subió de 2.750 a 3.300 bolivianos.