La Fiscalía admitió la denuncia interpuesta por el Comité Cívico Pro Santa Cruz contra el expresidente y líder de los cocaleros de Chapare, Evo Morales, y los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, Mario Argollo y Vicente Salazar, respectivamente.
La acusación de la institución cívica identifica a los tres líderes sindicales como los principales promotores de los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días, en demanda de la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Las medidas de presión causaron la muerte de más de una decena de personas y daños económicos considerables a diferentes rubros del país.
El primer vicepresidente del comité, Agustín Zambrana, detalló que la denuncia contiene acusaciones enmarcadas por nueve delitos, entre los que destacan alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
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“Estos delitos van a acreditar la participación de tres personas: Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar. Ellos tendrán que hacer sus descargos por ley y vamos a ver si es que tuvieron implicancia en esta destrucción de Bolivia durante 53 dias”, afirmó en contacto con los medios de prensa en la ciudad de La Paz.
Las movilizaciones y bloqueos de carreteras, que iniciaron los primeros días de mayo y concluyeron el 22 de junio, fueron encabezados por la COB, la Federación de Campesinos “Túpac Katari”, y sectores afines a Morales. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 puntos de conflicto en siete de los nueve departamentos del país, principalmente en La Paz.
Luego de firmar un acuerdo con la COB, el Gobierno decretó el Estado de excepción en todo el territorio nacional, lo que persuadió a los sectores movilizados de levantar los últimos puntos de conflicto que permanecían activos en la región del Trópico de Cochabamba y en sectores productivos de Santa Cruz.
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Zambrana afirmó que la denuncia de la institución cívica busca establecer responsabilidades por los hechos ocurridos durante el conflicto social y los impactos económicos generados en diferentes rubros del país.
Además, negó que tenga motivaciones relacionadas a una revancha política. “No venimos en cacería de brujas, queremos justicia”, indicó.
Por último, el dirigente cívico exigió al Ministerio Público realizar una investigación “rápida, seria y ecuánime” para establecer las responsabilidades por los daños generados a raíz de los bloqueos y movilizaciones, y exhortó a las instituciones y organizaciones sociales que resultaron afectadas durante el conflicto social adherirse a la denuncia penal.