El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia enfrenta un desafío logístico y jurídico ante la posible renuncia tardía del partido Morena a participar en las Elecciones Generales del 17 de agosto. Un vocal del TSE ha señalado un «vacío legal» en la normativa para sancionar a las organizaciones políticas que se retiran a último momento.
Este martes, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que Morena aún no ha formalizado por escrito su decisión de retirarse de los comicios, y que, de hacerlo, el tema requerirá una evaluación exhaustiva por parte de la Sala Plena.
LEE TAMBIÉN: Panificadores de Bolivia advierten con paro y alza del precio del pan a Bs 1
Ávila advirtió sobre una falencia en la legislación electoral boliviana. «La normativa tiene este vacío, por eso vamos a analizar cuidadosamente el caso. Recordemos que, en el año 2020, una semana antes del proceso electoral, algunas organizaciones políticas se retiraron, y eso generó problemas en la organización logística», explicó en conferencia de prensa.
El vocal detalló las implicaciones de un retiro tardío de Morena. Una salida en esta etapa del proceso electoral «afectaría varios aspectos ya definidos, como la capacitación de jurados electorales, la logística de distribución de materiales y, especialmente, la impresión anticipada de papeletas de votación, que ya han sido producidas con el nombre y sigla de dicha organización».
LEE TAMBIÉN: Huawei apoyó el desarrollo tecnológico en las Olimpiadas Internacionales de Informática 2025
Ávila enfatizó las complicaciones que estos cambios de último momento generan para el organismo electoral y la ciudadanía. «Estos cambios de última hora no solo generan incertidumbre, sino que comprometen la eficiencia de todo el proceso. Tomar decisiones sin previsión complica a los organismos electorales y a los ciudadanos», remarcó.
Finalmente, el vocal señaló que una vez que el TSE reciba una comunicación formal por parte de Morena, la Sala Plena no solo analizará las implicaciones operativas, sino que también evaluará si corresponde aplicar alguna medida o sanción, a pesar de la ausencia de una regulación específica para este tipo de escenarios.