En plena campaña electoral y acuciada por una grave crisis de credibilidad, la Corte Suprema de Brasil ha emitido en las últimas semanas varias resoluciones judiciales favorables a Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, y a sus aliados de ultraderecha.
Estas decisiones se han dictado entre los días previos a los comicios del pasado 4 de octubre y el arranque de la campaña para la segunda vuelta del día 25, cuando Flávio se medirá al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
En la última, dictada este lunes, el magistrado Alexandre de Moraes permitió al candidato del Partido Liberal volver a visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.
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De Moraes, instructor del juicio que llevó a prisión a Jair, había prohibido las visitas de Flávio en julio por un plazo de 90 días después de que el senador leyera en sus redes una carta de su padre, saltándose una de las condiciones de su arresto domiciliario.
El exgobernante no puede usar las redes sociales, ni siquiera a través de terceros.
Flávio, a través de los abogados de su padre, solicitó visitarlo poco antes de cumplirse el plazo de 90 días, que expiró el domingo. La Fiscalía no vio problemas y De Moraes no prolongó la restricción, aunque las visitas no podrán tener «una finalidad político-electoral», según el magistrado.
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El fallo subraya que Flávio tampoco podrá divulgar «cualquier manifiesto o declaración» de su padre, «independientemente del medio utilizado».
De Moraes es el enemigo número uno del bolsonarismo, que lo tilda de «dictador» y lo acusa de «perseguir» a la familia del ex jefe de Estado.
Sin embargo, la credibilidad del juez se ha visto dañada desde que salió a la luz la relación de proximidad que mantenía con Daniel Vorcaro y los negocios de su esposa con el antiguo dueño del Banco Master, encarcelado por un enorme escándalo financiero.
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Carpetazo de causas de aliados
El segundo fallo que favoreció al bolsonarismo tiene la firma del juez Gilmar Mendes.
El decano del Supremo archivó el pasado martes una denuncia contra Alfredo Gaspar, candidato a vicepresidente de Flávio Bolsonaro, por la presunta violación de una menor.
El caso se arrastra desde abril, cuando la Policía pidió investigar al compañero de fórmula del hijo de Bolsonaro ante las sospechas de que tuvo relaciones sexuales con una adolescente de 13 años, lo que en Brasil está tipificado como «violación de vulnerable».
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Pero la Fiscalía alegó falta de pruebas y contradicciones en los testimonios y Mendes dio carpetazo al asunto.
Además, el 2 de octubre, De Moraes concedió el régimen semiabierto a todo un símbolo del bolsonarismo, Débora Rodrigues, condenada a 14 años de prisión por participar en la invasión de las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
Esta peluquera se hizo famosa por vandalizar una estatua frente al Supremo con un pintalabios rojo.
Su caso le sirvió a la extrema derecha para denunciar supuestos excesos a la hora de juzgar el llamado ‘asalto de Brasilia’, en el que miles de radicales incentivaron una intervención militar para derrocar al Gobierno de Lula.
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Por último, el 4 de septiembre, De Moraes archivó, también a petición de la Fiscalía, una investigación contra el senador Marcos do Val y los comunicadores Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio y Ednardo Raposo, portavoces de la ultraderecha.
La Policía llegó a formular cargos contra ellos por obstrucción judicial e incitación al crimen dentro de una causa abierta por deslegitimar a autoridades brasileñas, pero el Ministerio Público dijo que no había elementos suficientes para presentar una denuncia.
El Supremo, en la mira del Senado
Todas estas decisiones llegan en un momento de fuerte convulsión interna en el Supremo por el escándalo del Banco Master, que ha afectado a varios de sus jueces.
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Flávio Bolsonaro ha aprovechado la crisis en el alto tribunal para atacar a Lula y ha prometido impulsar procesos de destitución en el Senado contra De Moraes y otros magistrados si gana en las urnas.
En paralelo, el coordinador de su campaña, el senador Rogério Marinho, cuyo partido controlará más de un tercio de la Cámara Alta, se reunió el martes pasado con el presidente del Supremo, Edson Fachin, para advertirle de que están dispuestos a ‘juzgar’ a los jueces que puedan incurrir en un eventual «delito de responsabilidad».
// EFE