La diputada de la alianza Unidad, Julieta Jiménez, pidió al Gobierno nacional aplicar “mano dura” para levantar los puntos de bloqueo instalados en las carreteras del país en contra del Decreto Supremo 5503
La parlamentaria calificó las medidas de presión convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) como “políticas” y cuestionó a la dirigencia sindical por mantener una postura intransigente en las mesas de diálogo con autoridades del órgano Ejecutivo.
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“Hay que tener mano dura. Yo le exijo al Gobierno tener mano dura, que saque medidas para poner mano dura; basta de estos bloqueos; basta de gente que se oponga y no proponga”, declaró.
El ente matriz determinó el bloqueo indefinido de carreteras en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503 que dispone la eliminación de la subvención a los hidrocarburos ente otras medidas económicas. La medida de presión se cumple desde el pasado martes.
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Los bloqueos en un principio eran esporádicos o aislados, pero en los últimos dos días se intensificaron llegando a extenderse a seis departamentos. La Paz y El Alto son las regiones más afectada por la obstrucción de vías.
La COB pide la abrogación total de la normativa y el órgano Ejecutivo ofrece el ajuste de la norma en 35 artículos. La propuesta fue rechazada y el diálogo entre ambas partes, hasta la mañana de este viernes, todavía no fue reanudado.
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Para la diputada Jiménez, la convocatoria a bloqueo de caminos es “un atentado” contra las familias bolivianas, ya que comienzan a escasear algunos productos básicos de la canasta familiar, lo que deriva en especulación de precios.
“Es un atentado contra los hogares (…) ha subido la carne, no hay pollo, nuevamente nos están matando de hambre. ¿Qué pasa señores de la COB? No hagan política; defienda a la gente de a pie, a la gente que va al mercado y quiere comprar comida para sus hijos”, indicó.
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El Gobierno ratificó este viernes su apertura al diálogo, aunque descartó negociar la derogación total del decreto, mientras que la propuesta de la COB es avanzar con dos normas por separado: la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro lado, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.