Parlamentarios de la bancada de Libertad y Democracia (Libre) alista una denuncia penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por los daños ocasionados por la provisión de gasolina de mala calidad.
La diputada Adriana Jiménez informó a radio Fides que la medida se produce ante la falta de respuesta de la autoridad a los requerimientos del órgano Legislativo.
“Si no responde a las interpelaciones ni a las citaciones que se le dan, pues la única manera es proceder de manera judicial”, afirmó.
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En días pasados, los choferes sindicalizados de La Paz protestaron por el combustible de baja calidad y exigían celeridad en el pago del resarcimiento, un seguro creado por el Gobierno para compensar los gastos a los afectados por los daños mecánicos atribuidos a la gasolina.
El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron las primeras denuncias de usuarios y transportistas. Posteriormente, la petrolera estatal YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con restos de goma y manganeso, y afirmó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad.
Sin embargo, los choferes denunciaron que las fallas persisten, lo que reforzó la narrativa de que el producto aún no cumple con los estándares recomendados.
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Las medidas de presión del sector paralizaron por dos días consecutivos las ciudades de La Paz y El Alto hasta este jueves, cuando el Gobierno, representando por cinco ministros de Estado, firmó un acuerdo con los dirigentes transportistas y logró suspender el paro iniciado desde el martes.
Los choferes, en un inicio, demandaron la renuncia de Medinaceli y la del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yuseff Akly. Dicho pedido también es compartido por la bancada de oposición.
“Lo correspondientes sería la renuncia, tanto del presidente del YPFB como del ministro de Hidrocarburos, porque han demostrado total incapacidad para resolver un problema tan serio”, afirmó Jiménez.
En ese sentido, indicó que el equipo jurídico prepara una demanda que probablemente sea presentada en La Paz la siguiente semana, por delitos relacionados a actos de corrupción, como daño económico al Estado.