El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5749, que permite a la ciudadanía presentar denuncias por presuntos cobros ilegales, extorsiones y exigencias de dinero por parte de funcionarios y exfuncionarios del órgano Judicial, Ministerio Público y la Policía Boliviana. La norma contempla también a personal de Derechos Reales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La medida tiene por objetivo “regular la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas relacionadas con hechos o acciones de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales”.
De acuerdo al artículo 2 del decreto, “se consideran conductas denunciables la exigencia, solicitud, cobro o recepción indebida de sumas de dinero, dádivas, beneficios patrimoniales, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, para admitir, sustanciar, paralizar, dilatar, acelerar, emitir, dejar de emitir o desviar actuaciones judiciales o administrativas”.
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Las denuncias planteadas serán recibidas, registradas, procesadas y canalizadas por el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, por escrito en sus oficinas o mediante una plataforma digital que deberá habilitar.
Sin embargo, la norma aclara que la recepción de estas acusaciones administrativas no constituirá la revisión de la actividad jurisdiccional o administrativa ni generará suspensión de plazos, ni interferirá en el ejercicio de funciones de otras entidades.
Reserva de identidad
El artículo 5 del nuevo decreto establece que “el resguardo de la seguridad y protección de las personas que acudan a formular denuncias administrativas”, es decir, aplicará la reserva de identidad, ya sea de oficio o a solicitud del denunciante”.
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El alcance de la medida abarcará todo el proceso administrativo, con el reemplazo del nombre por un código referencial, y cuando sea derivado a las instancias penales, el Viceministerio de Transparencia podrá solicitar la continuidad de la prudencia.
El viceministerio deberá revisar los reportes y remitirlos a las unidades de transparencia, instancias disciplinarias o el Ministerio Público, según corresponda. Esta última evaluará los elementos planteados para activar una causa judicial.
Asimismo, el decreto habilito al viceministerio a participar como coadyuvante o querellante en procesos penales y fija mecanismos de coordinación con la Fiscalía, la Policía e instituciones judiciales.