El expresidente del Estado, Evo Morales, anunció que afrontará personalmente su defensa ante un eventual juicio de responsabilidades por los hechos relacionados con el caso “Hotel Las Américas”, proceso que se encuentra en etapa de análisis en la Fiscalía General del Estado (FGE).
La exautoridad aseguró que cuenta con documentación para respaldar las decisiones adoptadas durante los hechos registrados en abril de 2009, cuando ejercía como jefe de Estado, y sostuvo que está dispuesto a asumir las consecuencias judiciales de sus actos que –según dijo– estuvieron orientados a preservar la unidad territorial del país.
“Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”, aseveró morales durante su programa radial, al señalar que posiblemente reciba una notificación en los próximos días.
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Incluso, llegó a descartar contratar los servicios de un abogado y manifestó que comparecerá personalmente ante la Justicia. Según su versión, las acciones ejecutadas durante su Gobierno respondieron a la necesidad de frenar presuntos intentos de división del territorio boliviano.
“Yo estoy pensando, quiero defenderme (personalmente), no quiero contratar un abogado (…) Esta toda la documentación… contrataron extranjeros para dividir Bolivia”, señaló.
Morales sostuvo que sectores que calificó como “separatistas” y “vendepatrias” ahora promuevan un juicio de responsabilidades para procesarlo –según su criterio– por defender la “integridad nacional”.
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Además, aseguró que los antecedentes del caso contienen elementos que, a su juicio, respaldan su actuación.
“Los separatistas y vendepatrias ahora van a hacer juicio de responsabilidades a Evo por defender la unidad territorial”, indicó el exmandatario, al tiempo de reiterar que antecedentes del caso contienen elementos que respaldan su actuación.
Este lunes, la Fiscalía General anunció el inicio de una investigación contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de libertad relacionados con un operativo policial que dejó tres muertos en 2009.
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La medida responde a una proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre, cuyos legisladores atribuyen presuntos delitos de lesa humanidad al exjefe de Estado en la intervención realizada en el hotel “Las Américas”, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde fueron abatidos a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
En el asalto al hotel salieron ilesos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
Ese mismo día, en la ciudad de Caracas (Venezuela), Morales admitió que había ordenado la operación para reducir a un grupo irregular. “El día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente para hacer un operativo y detener a esos mercenarios”, afirmó.
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En medio de la polémica, el Gobierno de Morales sostuvo que el grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista con financiamiento de las élites económicas de Santa Cruz, argumento que fue utilizada para desencadenar una serie de procesos judiciales contra líderes regionales y dirigentes cívicos.
En el memorial difundido, la Fiscalía notificó con la apertura del proceso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que actúa como juez de garantías en este procedimiento para un eventual juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
Asimismo, indicó que el informe correspondiente permitirá habilitar el procedimiento de juzgamiento contra Morales y García Linera por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, bajo el régimen especial previsto por ley.