El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este viernes que el proceso de reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) debe ser “a corto plazo”. La declaración la hizo en Tarija, durante el acto de firma del convenio para la priorización del proyecto de construcción de colectores, emisario y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro.
“Nuestra Constitución tenemos que hacerla respetar y también en el corto plazo modificarla para que las autonomías sean verdaderas autonomías”, sostuvo el mandatario. Explicó que fueron los tarijeños quienes lucharon porque la ‘Agenda 50-50’ sea una realidad de redistribución de responsabilidades y recursos económicos entre el nivel central, gobernaciones y municipios. “Sin democracia no hubiéramos desarrollado las autonomías”, complementó.
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El jefe de Estado vinculó la necesidad de reformar la Carta Magna con la necesidad de fomentar el crecimiento sin temor al crimen organizado ni al narcoterrorismo. Recordó los 53 días de bloqueos protagonizados por acólitos de Evo Morales en mayo y junio de este año, que según dijo causaron daños económicos por más de 3.000 millones de dólares, además de fallecidos y violación de derechos humanos fundamentales.
En mayo pasado, Paz Pereira ya había anunciado la necesidad de una “reforma parcial” de la CPE vigente desde 2009, con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones ante la grave crisis económica. Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo elaboró un paquete de proyectos de ley para reactivar la economía en hidrocarburos, electricidad, inversiones, economía verde, minería y emprendedores, algunos ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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En ese contexto, el Gobierno anticipó el debate de una nueva ley electoral, otra para reformar el sistema de justicia y otra de seguridad nacional. Actualmente en la ALP existen dos proyectos de Ley para reformar la Constitución, uno de la organización Unidad y otro de Alianza Libre. El Ejecutivo también plantea dar garantías a la inversión privada, modificar el sistema impositivo centralista, transformar la justicia y otorgar mayor autonomía financiera y administrativa a departamentos y municipios.