El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, manifestó su firme rechazo al proyecto de Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano, al considerar que la propuesta atenta directamente contra la democracia y las garantías constitucionales. Según el legislador, la iniciativa legal presentada por el Órgano Ejecutivo no busca resguardar los derechos de la ciudadanía, sino consolidar un instrumento de control social que afecta el legítimo derecho a la protesta garantizado por la Constitución Política del Estado.
El parlamentario fundamentó su postura opositora en dos factores principales de preocupación. En primer lugar, denunció que la norma será utilizada como una herramienta para amedrentar y perseguir judicialmente a los bolivianos y dirigentes sindicales que expresen disconformidad o denuncien las acciones del actual gobierno. En segundo lugar, advirtió que mediante este marco normativo se pretende reemplazar y encubrir un Estado de Excepción, bajo la premisa de «hecha la ley, hecha la trampa», vulnerando las libertades ciudadanas.
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Pacheco reconoció que, aunque el proyecto incluye algunos aspectos positivos —como la exhortación al diálogo institucional y la tipificación de sanciones penales, civiles y administrativas para las autoridades que omitan atender y resolver los conflictos de la población—, la coyuntura actual impide su viabilidad. A su juicio, existe el riesgo inminente de que la administración estatal instrumentalice estas disposiciones con el fin de consolidar una política orientada a sembrar miedo e intimidación en la sociedad.
Ante este panorama, el representante nacional instó a que el proyecto de ley sufra modificaciones profundas durante su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados. Pacheco enfatizó que la norma forma parte de una estrategia para judicializar la disidencia política y acallar a quienes cuestionan la gestión gubernamental, por lo que no debería ser aprobada en sus términos actuales sin un debate riguroso que proteja las garantías fundamentales de la población.
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Finalmente, el diputado sostuvo que la agenda legislativa debe priorizar las necesidades urgentes de la ciudadanía, enfocándose en la reactivación económica del país. Señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería priorizar el tratamiento de proyectos vinculados a la inversión, el desarrollo productivo y el sector de hidrocarburos —los cuales considera indispensables para estabilizar la economía nacional— en lugar de impulsar medidas punitivas orientadas a la persecución política.