La bancada de Alianza Popular, representada por los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco, anunció formalmente la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1773, norma que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y viabilizó la reciente designación del fiscal general interino. Según los legisladores dicha medida fue interpuesta debido a que esta norma fue aprobada de manera exprés y vulnera principios constitucionales, rompe el debido proceso y viabiliza la designación irregular para buscar impunidad y descabezar instituciones.
«El objetivo principal de esta medida es defender la institucionalidad, la soberanía y la Constitución Política del Estado«, manifestó la diputada Herbas, al remarcar que la bancada de Alianza Popular mantiene una postura firme contra la corrupción y el narcotráfico, exige el respeto al debido proceso y cuestiona la celeridad e irregularidades con las que el Gobierno y la Asamblea promulgaron la norma. Asimismo, advirtió que el caso no debe ser utilizado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para intervenir el Poder Judicial ni para encubrir otros hechos, como el caso Cerimedo, las narcomaletas y la corrupción en la Aduana.
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Por su parte, el diputado Rolando Pacheco argumentó que la acción abstracta de inconstitucionalidad va dirigida específicamente contra el artículo 1 de la Ley 1773 del 2 de octubre de 2026, por vulnerar principios constitucionales de la Ley 260. Pacheco señaló que el objetivo principal de esta medida es defender la institucionalidad, la soberanía y la Constitución Política del Estado, rechazando que la aprobación exprés de esta norma se haya utilizado para descabezar instituciones o buscar impunidad en casos de relevancia nacional.
Así también aclararon que no defienden a personas, sino la institucionalidad y la presunción de inocencia. Calificaron de improvisada y vulneratoria de la Constitución la sesión del pasado viernes en la Asamblea Legislativa, realizada «entre gallos y medianoche», y consideraron vergonzoso que diplomáticos extranjeros hayan estado presentes para observar la votación. Asimismo, expresaron su profunda preocupación por la crisis económica e institucional que atraviesa el país, marcada por la escasez de combustibles, el incremento de precios y la pérdida del poder adquisitivo de las familias bolivianas.
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Los legisladores objetaron además la validez del proceso de posesión del fiscal interino, argumentando que no se cumplió con el marco legal que establece que dicho acto debe ser ejecutado por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, los legisladores denunciaron la intromisión de presiones externas y la falta de transparencia en las decisiones asumidas por el Ejecutivo, advirtiendo que no reconocerán la legitimidad de la autoridad designada mientras persistan los vicios de nulidad.

