La Defensoría del Pueblo verificó a nivel nacional, a través de sus delegaciones departamentales, la continuidad del servicio en las Fiscalías Departamentales, constatando que la atención se desarrolla con normalidad pese a la situación que atraviesa el Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general.
Durante los recorridos, la institución evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo desempeñando sus funciones, así como la recepción de trámites y la atención continua de causas, resguardando el debido proceso y garantizando el acceso ininterrumpido a la justicia para la población.
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Mediante un pronunciamiento oficial, la Defensoría señaló que la autonomía institucional no solo constituye una garantía para el órgano encargado de la acción penal pública, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a una investigación.
En ese marco, exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan dentro del ordenamiento jurídico vigente, con transparencia, fundamentación y seguridad jurídica, y llamó a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad y mesura, evitando acciones que interfieran en el funcionamiento del Ministerio Público o generen incertidumbre.
Asimismo, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales, y reafirmó su compromiso de hacer seguimiento para velar por los derechos humanos y el Estado Constitucional de Derecho.