El Gobierno anunció que solicitará información y elementos probatorios a Estados Unidos (EEUU) para comenzar con una investigación sobre las acusaciones contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otras autoridades y exautoridades bolivianas.
En conferencia de prensa conjunta, el ministro de Defensa, calificó las denuncias de la administración del país del norte como “muy graves” y señaló que recurrirán a las instancias correspondientes para obtener información adicional que permite esclarecer los hechos.
“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Se solicitará, como corresponde a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia”, afirmó.
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La tarde de este lunes, EEUU canceló las visas de funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos señalados por corrupción y vínculos con el narcotráfico. En el caso del fiscal general Mariaca, el Departamento de Estado sostiene que la autoridad del Ministerio Público habría solicitado y recibido sobornos para facilitar las actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias controladas y favorecer a delincuentes violentos.
La sanción de la administración del presidente Donald Trump también alcanza a otros 12 bolivianos, entre fiscales, exautoridades, empresarios y policías.
En la rueda de prensa de la noche de este lunes, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que el Gobierno respeta la soberanía de cada país y sus decisiones en materia migratoria.
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Ratificó también que el órgano Ejecutivo colaborará con las investigaciones dentro del marco legal y respetando la independencias de poder. Subrayó que existen normas e instituciones encargadas de establecer el procedimiento que corresponde ante este tipo de situaciones.
“Todas las actuaciones de la Fiscalía, como de cualquier otro órgano público del Estado, naturalmente tienen que llevarse de acuerdo a lo que dicta la normativa”, afirmó.
Consultado sobre el pedido de los presidentes del Senado y Diputados para que Mariaca deje el cargo mientras se realizan las investigaciones por las acusaciones de EEUU, el ministro evitó respaldar directamente el pronunciamiento de las autoridades del órgano Legislativo.
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Justiniano recordó que la designación del actual fiscal general surgió de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, en caso de una eventual solicitud de renuncia, la instancias deberá proceder conforme a normativa y los procedimientos internos.
“Nosotros somos respetuosos de funcionamiento independiente de cada órgano”, afirmó el titular de la cartera de Defensa, quien confirmó que la Cancillería solicitará, de manera formal, la información que llevó a EEUU a aplicar sanciones contra Mariaca y su entorno.
Para la autoridad, corresponde que los señalamientos del Departamento de Estado contra autoridades y exfuncionarios bolivianos, principalmente el fiscal general, sean esclarecidos “con evidencia, cooperación internacional y, como siempre hemos dicho, con el debido proceso”.
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Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que se abrirá una investigación a partir de la lista difundida por la adminitración estadounidense y aseguró que se tomarán las acciones necesarias para que las personas señaladas respondan ante la justicia boliviana, si corresponde.
“Empezaremos un proceso de investigación a fondo”, manifestó.
Oviedo señaló que las autoridades bolivianas procesan información mediante sus organismos de inteligencia y puntualizó que solo hacen públicos sus resultados cuando existen “evidencias concretas”, por lo que anunció que el órgano Ejecutivo coadyuvarán en las investigaciones que correspondan.
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Entre las personas que figuran en la lista de sancionados por EEUU también se encuentra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Franz William Cabrera Quispe, de quien también se solicitará explicaciones sobre las razones de la suspensión de su visa.
Según Justiniano, el exjefe policial integró delegaciones oficiales debido a las responsabilidades que ejercía, incluyendo una que viajó a Estados Unidos, y que anteriormente también participó en labores coordinadas con la DEA.
Minutos antes del pronunciamiento del Gobierno, el fiscal general Mariaca rechazó las acusaciones del país del norte y anunció que las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público continuarán, entre ellas las pesquisas relacionadas al consulto político argentino, Fernando Cerimedo.
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Aunque también demandó respeto para la institucionalidad e independencia de la entidad que lidera, el titular de la Fiscalía General del Estado no respondió al fondo de la acusación sobre presuntos sobornos vinculados al narcotráfico.