El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Gobierno a atender las causas estructurales de la conflictividad social antes de decidir una eventual ampliación del estado de excepción. Advirtió que la falta de combustible, el alza de precios de los alimentos y el malestar social persisten más allá de la medida excepcional y requieren soluciones de fondo.
La posición fue planteada tras la entrega a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la sistematización de los círculos de diálogo denominados “Cartografiando voces y miradas desde el diálogo: repensar una Bolivia postconflicto”. El estudio recoge las percepciones y propuestas de 933 participantes de 167 sectores sociales en 29 círculos realizados entre el 18 de julio y el 1 de septiembre de 2026 en más de una decena de municipios de los nueve departamentos.
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Según el informe, las valoraciones sobre los 53 días de bloqueos son predominantemente negativas por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la afectación a la provisión de alimentos, la libre circulación y la convivencia social, acompañadas de sentimientos de agravio y exclusión. El documento identifica además cuestionamientos por incumplimiento de compromisos, exclusión de sectores indígenas y populares de espacios de representación y falta de consulta en decisiones públicas.
Callisaya sostuvo que el riesgo de nuevos escenarios de conflictividad una vez concluido el estado de excepción dependerá de la respuesta a las demandas sociales, el deterioro económico y la desconfianza en las autoridades. “Más allá de la ampliación o no de un estado de excepción, el tema principal es resolver las causas estructurales que motivan estos niveles de conflictividad”, afirmó, al señalar que un nuevo ciclo de protestas perjudica tanto a quienes bloquean como a quienes sufren sus efectos.
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El estudio plantea 14 recomendaciones y nueve propuestas para fortalecer la capacidad preventiva del Estado, entre ellas establecer diálogo con sectores sociales, presencia institucional en territorio, escucha permanente, información clara y cumplimiento de acuerdos. “A nosotros nos interesa generar un espacio de cultura de paz, de diálogo y que se evite cualquier situación de violencia”, remarcó el Defensor, al insistir en que la atención oportuna de las demandas es clave para evitar la violencia.