Con más de dos tercios, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que permitirá revisar y, eventualmente, restituir derechos salariales y laborales de policías y militares que fueron afectados por procesos administrativos iniciados después de los conflictos de octubre y noviembre de 2019.
La norma, que consta de 21 artículos y fue impulsada por los diputados de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, fue remitida al Senado para su consideración.
El documento establece una revisión extraordinaria de sanciones que, según el proyecto, pudieron haber sido utilizadas como mecanismos de represalia política durante el Gobierno de Luis Arce.
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“El Estado tiene la obligación de corregir actos administrativos viciados cuando estos fueron utilizados como mecanismos de represalia política y no como verdaderos instrumentos de disciplina institucional”, señala la parte considerativa del documento.
Aclara también que la revisión no supone una absolución automática ni un beneficio generalizado.
Entre las sanciones que podrían ser revisadas están las llamadas de atención escritas, arrestos, trabajos durante fines de semana y feriados, retiros temporales con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, así como retiros o bajas definitivas. Además, contempla casos de reincorporación con afectación de la antigüedad o escalafón y perjuicios en evaluaciones, ascensos o registros institucionales.
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Las mismas disposiciones se aplican a efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) afectados por procesos administrativos bajo las condiciones establecidas en el proyecto. Los legisladores proponentes no precisaron cuántos funcionarios podían acogerse a la norma.
Sin embargo, entre los posibles beneficiarios se encuentran exjefes militares que fueron procesados y detenidos durante el Gobierno de Arce, situación que derivó en la pérdida de derechos y beneficios dentro de las instituciones castrenses.
En caso de restituirse los derechos, el proyecto también establece que los uniformados podrán iniciar acciones administrativas, civiles, penales y de repetición contra las autoridades y funcionarios que hubieran promovido o ejecutado los procesos considerados irregulares. Entre ellos se menciona a exministros, exviceministros, asesores jurídicos, fiscales y jueces.Ç
Durante la crisis de 2019 se registraron motines en diferentes establecimientos de la Policía Boliviana. Posteriormente, el Alto Mando Policial se sumó al pedido de renuncia del entonces presidente Evo Morales en medio de denuncia de fraude en las elecciones nacionales.
Por otra parte, la iniciativa establece expresamente que los militares involucrados en los hechos del 26 de junio de 2024, conocidos la asonada militar o el “Zúñigazo”, no podrán acogerse a esta normativa.
El caso se remonta a los sucesos registrados el 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde unidades militares y vehículos blindados, liderados por el entonces comandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, tomaron el centro del poder político e incluso llegaron a derribar la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego el hecho terminó con el repliegue de las tropas del Ejército.
El artículo 18 señala que queda excluido de la ley el personal militar involucrado en esos sucesos, por estar fuera del objeto específico de la norma.