La Justicia dispuso la detención preventiva por 120 días para un teniente del Ejército implicado en la desaparición de 33.608 municiones calibre 5,56 x 45 milímetros de un recinto militar del municipio de Montero, en Santa Cruz.
El uniformado estaba encargado de la custodia del arsenal del Regimiento de Satinadores RS-2 “Coronel Francisco Manchego”. En audiencia de medidas cautelares, una juez local determinó su reclusión en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom).
“La juez, en audiencia de medidas cautelares, ha dispuesto la detención preventiva, ya que se trata de un hecho muy grave”, informó el fiscal de Montero, Carlos Candia, quien precisó que la munición desaparecida equivale aproximadamente a 400 kilos y representa un perjuicio económico superior a Bs 800.000 al Estado.
Uno de los principales elementos identificados durante las pesquisas es la forma en que presuntamente se encubrió la sustracción. De acuerdo con la Fiscalía, las cajas que contenían los cartuchos fueron rellenadas con cemento para aparentar que permanecían completas.
Este mecanismo hace presumir a los investigadores que la desaparición del material no se habría producido en un solo hecho, sino de manera gradual durante varios meses.
Candia indicó que el teniente asumió la responsabilidad del depósito militar en enero, aunque antes y durante ese periodo otras personas también estuvieron a cargo de la custodia.
La investigación genera preocupación debido a que los cartuchos sustraídos son compatibles con diferentes tipos de fusiles de asalto. El fiscal señaló que la munición calibre 5,56 x 45 puede ser utilizada en armas como Galil, M-16 y AR-15.
“Se trata de armas de guerra y creemos que esa munición ha sido comercializada en el mercado negro (…) Es un hecho grave porque creemos que esa munición podría ser usada por grupos irregulares relacionados con el narcotráfico”, señaló.
El fiscal añadió que otros militares fueron convocados a declarar, en calidad de testigos, con el objetivo de reconstruir la cadena de custodia y establecer quiénes tuvieron acceso al depósito.
Actualmente, las pesquisas están orientadas a determinar desde cuándo se produjo la sustracción, cómo fueron retirados los 33.608 cartuchos, qué personas participaron en el hecho y cuál fue el destino final del material militar desaparecido.
El caso avanza bajo los delitos de hurto de armamento y de munición, con una pena de hasta 30 años de cárcel.