La justicia determinó este sábado la detención preventiva por 180 días en el penal de Chonchocoro para el asesor político argentino Fernando Cerimedo, dentro de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La decisión fue asumida en audiencia de medidas cautelares, tras evaluar los riesgos procesales y la naturaleza del caso.
Durante su declaración, que se extendió por unos 30 minutos desde el penal de Palmasola donde estaba recluido previamente, Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo Paz es su amigo y que su vínculo se limitó a consejos como consultor político. Negó haber tenido poder para tomar decisiones, contratar o despedir personal o dar órdenes a ministros, y pidió que el mandatario sea apartado de la polémica: “No soy un narco, no soy un corrupto, no soy violento. Dejen afuera de esto al Presidente”.
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Como parte de su defensa, el estratega aseguró que el dinero hallado e ingresado a Bolivia proviene de sus actividades privadas y no de recursos del Estado. Señaló que trabaja hace 15 años como consultor político y asesor de marketing, que tiene empresas en Argentina y Estados Unidos y tuvo una compañía en Chile, y que sus abogados presentaron documentación que acreditaría ingresos que superarían ampliamente el monto observado.
Según su relato, su llegada al país después del triunfo de Paz estaba vinculada a la intención de establecerse legalmente, con solicitud de residencia bajo el acuerdo del Mercosur, instalar una empresa de marketing y comunicación y traer a su familia. Explicó que parte de los recursos investigados estaban destinados a equipar una oficina, contratar personal y cubrir los gastos iniciales de operación, y que en uno de los domicilios allanados se hallaron pertenencias destinadas a sus hijos.
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El caso se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre sus vínculos y el nivel de influencia que habría tenido en círculos cercanos al poder, con denuncias, audios y chats que lo colocaron en el centro de la polémica. Inicialmente, de acuerdo con su versión, se evaluó una asesoría externa vinculada a la CAF, pero no se concretó por requerir mayor presencia. Con la determinación de traslado a Chonchocoro, la investigación continuará mientras el Ministerio Público profundiza las pericias financieras sobre el origen de los fondos.